El escándalo judicial que marcó 2025 tuvo como protagonista a Julieta Makintach, la exjueza que comenzó el año enfrentando su mayor desafío profesional y terminó destituida por mal desempeño tras afectar el desarrollo del juicio sobre la muerte de Diego Maradona.
Desde marzo integraba el tribunal encargado de evaluar, mediante un extenso debate oral, si existieron responsabilidades médicas en el fallecimiento del ídolo. Debido a la magnitud pública del caso, se esperaba amplia repercusión sobre todo lo que ocurriera en la sala de audiencias.
El proceso se desarrolló con relativa normalidad hasta el 15 de mayo, cuando el abogado del neurocirujano imputado, Leopoldo Luque, Julio Rivas, afirmó en audiencia que Makintach había autorizado la filmación del debate, hecho prohibido. Esa acusación dio inicio a una investigación que cambió el curso del juicio.
Makintach negó haber permitido las grabaciones. Aun así, otros letrados, entre ellos Fernando Burlando y Mario Baudry, presentaron denuncias por la supuesta irregularidad, por lo que la UFI N°1 de San Isidro, a cargo de los fiscales José Amallo, Carolina Asprella y Cecilia Chaieb, abrió una investigación.
En poco tiempo los investigadores encontraron pruebas que apuntaban a la existencia de material audiovisual vinculado a la exjueza: un teaser, un guion o punteo de ideas y numerosos videos de alta calidad en los que ella aparecía recorriendo el palacio judicial de San Isidro y hablando frente a cámara sobre su rol en el caso.
Se supo además que el proyecto audiovisual iba a llamarse “Justicia Divina”, que fue una idea llevada por allegados de Makintach y que se había contactado a un productor y a un camarógrafo. Este último confirmó ante los fiscales que lo habían contratado para filmar a Makintach y que, según dijo, la autorización había sido otorgada por ella.
Frente a esas evidencias, el juicio por la muerte de Maradona fue declarado nulo por sospechas de parcialidad. Paralelamente se multiplicaron los pedidos de jury político y la Suprema Corte bonaerense suspendió temporalmente a la magistrada mientras se esclarecían los hechos.
Makintach presentó su renuncia ante el gobernador Axel Kicillof con la intención de evitar el jury, pero la renuncia no fue aceptada y se permitió que el proceso constitucional continuara. Más adelante se formó un jurado de enjuiciamiento que admitió las acusaciones en su contra tras analizar la prueba.
Los fiscales de la UFI N°1 informaron que habían reunido elementos para imputar cinco delitos: cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios. Solicitaron su destitución para poder avanzar con el proceso penal y llamar a indagatoria, ya que los fueros le impedían ser procesada mientras estaba en el cargo.
El juicio político iniciado en noviembre duró alrededor de una semana. Un jurado integrado por diez conjueces y presidido por Hilda Kohan, titular de la Suprema Corte bonaerense, resolvió por unanimidad destituirla.
El capítulo que falta
Tras la destitución, Makintach declaró a la prensa que no deseaba continuar en la justicia y afirmó no haber esperado ser removida. Presentó un recurso de inaplicabilidad de ley alegando que la sentencia vulneró garantías constitucionales y tildó al jury de arbitrario, señalando que la intervención previa de Hilda Kohan —al disponer su suspensión— invalidaría el proceso por predisposición.
El propio jurado rechazó esa apelación. La defensa, liderada por Darío Saldaño, cuestionó la decisión argumentando que la denegatoria se produjo cuando varios miembros del tribunal habían asumido otros cargos, por lo que consideraron al órgano “desintegrado”; por ello presentaron un recurso de queja ante la Suprema Corte bonaerense y advertido que, si es rechazado, acudirán a la Corte Suprema de la Nación.
En paralelo, los fiscales pueden ahora continuar la investigación penal como con cualquier ciudadano. Durante diciembre siguieron recabando testimonios para reconstruir cómo se gestó el proyecto audiovisual vinculado al caso Maradona, pero al cierre de la nota no se habían concretado indagatorias contra los sospechosos del expediente. Es probable que las últimas resoluciones sobre este episodio judicial se definan en 2026.
