En enero de 2026 la CGT intentará modificar la reforma laboral impulsada por Javier Milei y, al mismo tiempo, presionará para evitar que el proyecto sea sancionado tal como está planteado.
Habrá una carrera contrarreloj marcada por la discusión interna: la mayoría dialoguista de la conducción negociará en varios frentes sin acelerar un paro general inmediato, mientras que el sector más duro rechazará cualquier versión atenuada y apurará las protestas para desgastar al Gobierno, en un contexto influido por la carrera electoral hacia 2027.
El triunvirato que conduce la CGT —Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio)— tiene una impronta negociadora, que también caracteriza a los dirigentes que respaldaron sus designaciones y que influyen en la estrategia de la central.
Argüello cuenta con el apoyo de Hugo Moyano; Sola fue promovido por dirigentes del sector conocido como “los Gordos”, como Héctor Daer y Armando Cavalieri; y Jerónimo logró respaldo de Gerardo Martínez y un sector ligado a Sergio Sasia. Si bien todos provienen de espacios dialoguistas, Daer mantiene una postura más rígida frente al Gobierno.
De los 36 sindicatos del Consejo Directivo de la CGT, alrededor de 10 mantienen posturas claramente opositoras, entre ellos organizaciones alineadas con el kirchnerismo (UOM, bancarios), varios gremios del transporte (Dragado y Balizamiento, Aeronavegantes, La Fraternidad) y otros que confrontan duramente con la administración, como UATRE.
Eso no significa que los 26 sindicatos restantes sean incondicionalmente dialoguistas: la mayoría busca negociar y mantiene canales abiertos con el Gobierno, pero no están dispuestos a sostener sacrificios si esas gestiones no rinden resultados concretos.
Por eso enero será clave: la CGT intentará por todos los medios introducir cambios en el proyecto oficial, porque hay artículos que afectan la capacidad de los sindicatos, su financiación o derechos laborales. Se intensificarán las reuniones con gobernadores y legisladores para tratar de evitar que Milei consiga los votos necesarios en el Congreso.
Asimismo, la dirigencia recurrirá a contactos en el entorno político del Gobierno —incluidos asesores y sectores afines a Karina Milei— con la intención de moderar los puntos más agresivos del proyecto.
Aun así, parece improbable que la CGT termine avalando la reforma aunque se reduzca su dureza, al igual que ocurrió en ocasiones anteriores cuando la central rechazó cambios que consideró insuficientes pese a concesiones obtenidas por presión sindical.
Lo más probable es que, aun si se logran desactivar varios artículos, la central opte por convocar en marzo a un nuevo paro general para aliviar tensiones internas y expresar un rechazo político y conceptual a intentos de reformar las leyes laborales.
En la movilización del 18 de diciembre a Plaza de Mayo, los cotitulares cegetistas anticiparon que, si no había apertura para negociar, podrían concretar otra huelga general; aquel anuncio sirvió tanto para presionar al Gobierno como para contener demandas más radicales de las bases.
El factor político-electoral también influye: algunos dirigentes de la CGT apuestan al proyecto presidencial de Axel Kicillof y coordinarán medidas para debilitar a Milei, multiplicando las protestas y ganando la calle.
En ese sentido, marzo aparece como un mes decisivo: tras el receso de verano se espera un agravamiento de la situación laboral —cierres de empresas y despidos— que podría potenciar las movilizaciones y críticas al Gobierno.
Incluso quienes no respaldan plenamente la candidatura de Kicillof no permanecerán inactivos si la Casa Rosada logra imponer la reforma sin cambios: en ese escenario moderados y duros podrían unificarse.
En conjunto, ambos sectores procurarían bloquear el plan reeleccionista de Milei y trabajar, en distintas formas, hacia un objetivo común para 2027.
