El conflicto entre jueces por la jurisdicción de la investigación sobre una mansión en Pilar valuada en 17 millones de dólares —atribuida a directivos de la AFA y registrada a nombre de presuntos testaferros— sumó un nuevo capítulo: el fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial se opuso a que la causa pase a un juzgado de Campana.
En su dictamen, Navas Rial sostuvo que la investigación debe continuar en el juzgado en lo penal económico que subroga Marcelo Aguinsky. Con ese pronunciamiento, Aguinsky quedó en condiciones de responder al pedido de inhibitoria que planteó la semana pasada su par de Campana, Adrián González Charvay.
El planteo fue solicitado por la defensa del supuesto testaferro Luciano Pantano, cuyo nombre y el de su madre, Ana Conte, figuran en la sociedad Real Central SRL, compradora del predio por 1,8 millones de dólares según la escritura.
González Charvay, con competencia territorial en Pilar, requirió la inhibitoria alegando que los bienes investigados se encuentran en ese distrito. En su presentación sostuvo la importancia de que el caso sea tramitado ante el juez natural del territorio, conforme a la ley.
La fiscalía porteña se opuso a ese criterio y argumentó que el objeto de la pesquisa es la conducta de autoridades de la AFA, cuya sede está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Peritos oficiales valuaron la propiedad y sus instalaciones en 17 millones de dólares, y estimaron casi 4 millones adicionales por un lote de vehículos de alta gama hallados en un galpón de la finca.
Un conflicto que escala
Con el dictamen fiscal, Aguinsky deberá resolver el pedido de González Charvay. Si lo rechaza, el conflicto podría llegar a la Cámara Federal de San Martín.
El fiscal formalizó la oposición al cambio de juzgado, que había adelantado al conocerse el planteo de la defensa, el mismo día en que Pantano y su madre debían presentarse por primera vez ante la Justicia para explicar el origen de los fondos con los que compraron el terreno, los 54 vehículos y el mantenimiento. La causa busca, en primera instancia, esclarecer cómo el ex presidente de la Asociación Argentina de Futsal y su madre costearon esas adquisiciones.
La investigación ya había pasado por distintos despachos: inicialmente fue sorteada al juez federal Daniel Rafecas, quien se excusó y devolvió la causa. Luego, tras una serie de allanamientos dispuestos por el magistrado, la Cámara Federal porteña determinó que la causa debía tramitar en el fuero Penal Económico y se sorteó el juzgado 10, que subroga Aguinsky.
La estancia de 105.000 hectáreas fue adquirida por Carlos Tevez en 2017 y vendida en junio de 2023 a Malte SRL; esa firma la transfirió once meses después a Pantano y a su madre, quienes además son investigados por otras cuatro propiedades en Pilar: dos en el barrio privado Ayres Plaza, un lote en la avenida 12 de Octubre y una vivienda en la calle Ramos Mejía.
Aguinsky habilitó la feria judicial de enero para continuar con las medidas de prueba en la causa por presunto lavado de activos, iniciada por una denuncia de la Coalición Cívica.
Entre las diligencias ordenadas se intenta determinar qué personas eran trasladadas en helicóptero al predio, que cuenta con helipuerto. También se encargó a ARCA un informe detallado sobre las sociedades y las personas que son objeto de la investigación.
