La organización NetBlocks informó que Irán permanece bajo un corte generalizado de Internet que ya supera las doce horas, reduciendo la conectividad a cerca del uno por ciento de los niveles habituales en medio de una ola de protestas antigubernamentales. La interrupción limita tanto la salida de información hacia el exterior como la capacidad de coordinación de la población y, según NetBlocks, parece dirigida a obstaculizar el derecho a comunicarse y a dificultar la difusión de datos sobre las tácticas empleadas por las autoridades para contener las manifestaciones.
Las protestas, registradas en varias ciudades, se originaron en buena medida por el deterioro económico: pérdida de poder adquisitivo y una devaluación histórica del rial. Organismos civiles citados por NetBlocks y medios internacionales apuntan que la situación se agrava por el impacto de sanciones externas y por tensiones vinculadas al programa nuclear, en un contexto que incluye episodios de violencia —como bombardeos en junio que, según esas fuentes, habrían causado más de 1.100 víctimas mortales—.
NetBlocks indica que el apagón de Internet se implementó tras un llamado a manifestarse hecho en redes sociales por Reza Pahlevi, hijo del último sha destituido en 1979. En su mensaje, Pahlevi criticó el corte de las comunicaciones y pidió una intervención internacional que utilice medios técnicos, financieros y diplomáticos para restablecer el acceso, con el argumento de que es esencial que la voz de los ciudadanos iraníes pueda ser escuchada fuera del país. También expresó su agradecimiento al entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y exhortó a otros líderes occidentales a romper el silencio.
Según NetBlocks y organizaciones civiles, las movilizaciones, que ya llevan más de una semana, habrían dejado al menos 30 fallecidos y más de 2.000 detenidos de forma provisional. La restricción del acceso a la red dificulta la verificación de cifras y la obtención de datos actualizados sobre la magnitud de las protestas y el número real de víctimas y arrestados. Aun con ese control informativo, las organizaciones que monitorean la situación sostienen que la represión está provocando pérdidas humanas y limitando seriamente los canales de denuncia.
La figura de Reza Pahlevi, exiliado fuera del país desde la caída de su padre, recibe críticas internas sobre su capacidad para encabezar un movimiento popular. No obstante, en su última comunicación advirtió al ayatolá Alí Jamenei que «el mundo y el presidente de Estados Unidos vigilan de cerca» lo que ocurre en Irán y afirmó que «la represión contra la población no quedará sin respuesta». Asimismo, llamó a la población a actuar «como un frente unido» y subrayó la importancia de mantener abiertas las vías de comunicación.
Por su parte, el presidente Masud Pezeshkian ordenó a las fuerzas de seguridad evitar el uso de la fuerza contra manifestantes pacíficos y solicitó aplicar medidas diferenciadas frente a quienes participen en disturbios. Según declaraciones del vicepresidente Mohamad Yafar Gaempaná reproducidas por medios y citadas por NetBlocks, el Gobierno reconoce como legítimos los reclamos sobre el alza de precios y la depreciación del rial, aunque critica a quienes atribuye la responsabilidad por prácticas especulativas que generan escasez o aumentos indebidos.
El Ministerio de Exteriores, mediante su portavoz Esmaeil Baqaei, acusó a Israel y a ciertos funcionarios estadounidenses de incitar a la violencia y fomentar la polarización social, planteamiento que NetBlocks describe como parte de los discursos habituales de Teherán sobre supuestas injerencias extranjeras en asuntos internos. Baqaei calificó esas acciones atribuibles a actores externos como intentos de dividir a la sociedad iraní.
Mientras organizaciones civiles reportan un incremento de víctimas y el acceso a la información se vuelve más limitado, organismos internacionales siguen de cerca la evolución de los hechos. La respuesta oficial combina el reconocimiento parcial de demandas ciudadanas con la justificación de medidas represivas en nombre de la seguridad nacional. Entre las prioridades de opositores y activistas figura la restauración completa de la conectividad, y la escalada de tensiones reactiva el debate sobre la situación de los derechos humanos y las libertades civiles en Irán.
