La organización NetBlocks informó que Irán permanece bajo un estricto bloqueo de Internet que supera las doce horas y reduce la conectividad a aproximadamente el 1% de los niveles habituales. Este corte limita tanto la información que sale del país como la capacidad de coordinación de la población; según NetBlocks, las autoridades buscan dificultar las comunicaciones en un momento crítico y obstaculizar la difusión de datos sobre los métodos empleados para contener las protestas.
Las movilizaciones, presentes en varias ciudades, surgieron principalmente por el deterioro de la economía: pérdida del poder adquisitivo y una devaluación histórica del rial. Organismos civiles y medios internacionales citados por NetBlocks señalan que las sanciones estadounidenses y el renovado escrutinio del programa nuclear han agravado las tensiones, y mencionan además una serie de bombardeos en junio que, según esas fuentes, habrían causado más de 1.100 víctimas mortales.
NetBlocks indicó que el apagón de Internet se produjo después de que Reza Pahlevi, hijo del último sha derrocado en 1979, llamara a manifestarse públicamente mediante redes sociales. Pahlevi criticó la interrupción de las comunicaciones y solicitó una acción internacional para restablecer la conectividad, pidiendo a líderes europeos que empleen recursos técnicos, financieros y diplomáticos. En su mensaje también agradeció al entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su apoyo y urgió a otros mandatarios occidentales a romper el silencio.
Las protestas, que ya llevan más de una semana, habrían dejado hasta ahora un saldo provisional de al menos 30 personas muertas y más de 2.000 arrestos, según medios y organizaciones civiles. La restricción de Internet dificulta la obtención de cifras exactas o actualizadas sobre la magnitud de las movilizaciones y el número preciso de víctimas y detenidos. A pesar del control informativo, NetBlocks y organizaciones de derechos civiles afirman que la represión está costando vidas y restringiendo gravemente los canales de denuncia.
La figura de Reza Pahlevi, que vive fuera de Irán desde la caída de su padre hace más de cuarenta años, enfrenta dudas internas sobre su capacidad para liderar un movimiento popular. En su último mensaje, sin embargo, advirtió directamente al ayatolá Alí Jamenei que «el mundo y el presidente de Estados Unidos vigilan de cerca» los acontecimientos y subrayó que «la represión contra la población no quedará sin respuesta». También pidió a los ciudadanos actuar «como un frente unido» y resaltó la importancia de mantener abiertas las vías de comunicación.
El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, instruyó a las fuerzas de seguridad a no emplear la fuerza contra manifestantes pacíficos y solicitó acciones diferenciadas contra quienes participen en disturbios. Según declaraciones del vicepresidente Mohamad Yafar Gaempaná recogidas por medios internacionales y reproducidas por NetBlocks, el Gobierno reconoce como legítimos los reclamos por el aumento de precios y la depreciación del rial, aunque culpa a quienes, según su versión, generan escasez especulativa o elevan indebidamente los precios.
El Ministerio de Exteriores, por medio de su portavoz Esmaeil Baqaei, acusó a Israel y a funcionarios estadounidenses de alentar la violencia y promover la polarización social. NetBlocks consignó que este tipo de señalamientos son habituales en los discursos oficiales de Teherán, donde se enfatiza la supuesta injerencia extranjera en asuntos internos; Baqaei calificó como intentos de división las acciones atribuidas al Gobierno israelí y a actores estadounidenses radicales.
Con el aumento de víctimas según agrupaciones civiles y un acceso a la información cada vez más limitado, organismos internacionales siguen de cerca la evolución de los acontecimientos en Irán. La respuesta oficial combina el reconocimiento de algunas demandas ciudadanas con la justificación de medidas represivas en nombre de la seguridad nacional. Según NetBlocks y otras entidades, la restauración plena de la conectividad sigue siendo una demanda prioritaria para opositores y activistas, mientras la escalada de tensión reaviva el debate sobre derechos humanos y libertades civiles en el país.
