La Comisión Europea propuso este martes prohibir las exportaciones a Irán de componentes que puedan emplearse en la producción de drones y misiles, y anunció que trabaja en nuevas sanciones en respuesta a la represión de las protestas que sacuden el país.
La propuesta fue presentada por la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, durante un debate en el Parlamento Europeo en Estrasburgo sobre la situación de los derechos humanos en Irán. Kallas condenó la “brutal represión” y expresó el apoyo de la UE a las demandas legítimas del pueblo iraní.
Según explicó la alta representante, las restricciones propuestas persiguen limitar el acceso de Irán a tecnologías y componentes clave utilizados en la fabricación de drones y misiles. Subrayó que esas capacidades han servido para apoyar militarmente a Rusia en su guerra contra Ucrania, lo que ha incrementado la determinación europea de endurecer las medidas.
La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia que combina sanciones por violaciones de derechos humanos, por actividades relacionadas con la proliferación y por el suministro de armamento a Moscú. Desde el inicio de la invasión rusa, la UE ha señalado repetidamente el uso de drones iraníes en ataques contra infraestructuras ucranianas, lo que ya motivó sanciones específicas previas.
Kallas recordó que la Unión ya ha impuesto sanciones a individuos y entidades iraníes vinculados a la represión interna y a los programas de drones y misiles, incluyendo congelaciones de activos, prohibiciones de viaje y restricciones comerciales en sectores sensibles.
En paralelo, la Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior siguen evaluando nuevas medidas. Kallas indicó que se estudia activamente qué otras acciones pueden adoptarse en respuesta al accionar de las fuerzas de seguridad iraníes contra las protestas, que han sido reprimidas con detenciones masivas, uso de la fuerza y restricciones en las comunicaciones.
Las protestas, originadas por malestar social y político, han reavivado las críticas internacionales sobre el historial de derechos humanos de Irán. Organizaciones y gobiernos occidentales han denunciado ejecuciones, juicios sin garantías y persecución de activistas, periodistas y defensores civiles. Las autoridades iraníes han reconocido que más de 5.000 personas han muerto durante las manifestaciones.
A nivel institucional, la Comisión lleva días trabajando con los 27 Estados miembros en la redacción de un nuevo paquete de sanciones. Las discusiones se desarrollan entre embajadores con el objetivo de alcanzar un consenso que permita su aprobación formal en el Consejo de Asuntos Exteriores.
La fecha prevista en el calendario es el 29 de enero, cuando los ministros de Exteriores de la UE se reunirían para dar la aprobación final. Como en otras decisiones sobre sanciones, la medida requiere unanimidad, un requisito que en ocasiones ha ralentizado o moderado su alcance.
El endurecimiento de la posición europea refleja la convergencia entre la agenda de derechos humanos y la dimensión geopolítica del conflicto en Ucrania. Para Bruselas, limitar la capacidad industrial y militar de Irán es importante tanto para presionar al régimen internamente como para reducir su proyección militar exterior.
La evolución de las protestas en Irán y la capacidad de la UE para mantener la cohesión entre los Estados miembros determinarán el alcance final de las sanciones. En un contexto de tensiones regionales y guerra en Europa del Este, Bruselas busca enviar un mensaje claro: la represión interna y la implicación militar indirecta en conflictos internacionales conllevarán un coste creciente para Teherán.
