Estados Unidos impuso el miércoles un paquete de sanciones contra siete organizaciones que, según la Administración, funcionaban como fachadas para canalizar fondos hacia las Brigadas Ezzeldín al Qassam, el ala militar de Hamas. Las medidas alcanzan a seis entidades benéficas con sede en la Franja de Gaza y a la Conferencia Popular de Palestinos en el Extranjero (PCPA), principal organizadora de flotillas que intentan romper el bloqueo marítimo impuesto por Israel. El Departamento del Tesoro basó las sanciones en documentos incautados por fuerzas israelíes en oficinas de Hamas tras el ataque del 7 de octubre de 2023.
El Tesoro identificó a las organizaciones gazatíes como Waed Society, Al Nur, Qawafil, Al Falá, Merciful Hands Gaza y Al Salamé. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) señala que, aunque estas entidades se presentan como proveedoras de atención médica y asistencia humanitaria, en la práctica sostendrían operaciones vinculadas al brazo militar de Hamas. El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John Hurley, afirmó que la Administración no tolerará el uso del sistema financiero para financiar actividades terroristas.
Las sanciones bloquean cualquier activo que los grupos tengan en Estados Unidos y prohíben transacciones con ellos. El Tesoro detalló que esas organizaciones están integradas en la estructura militar de Hamas: miembros de las fuerzas de seguridad internas del grupo están formalmente asignados a trabajar en estas entidades y Hamas proporciona instrucciones sobre cómo solicitar que sus organizaciones afiliadas ejecuten proyectos y servicios concretos.
Según la información oficial, Waed Society recibe financiación directa de Hamas para ejecutar proyectos en Gaza. Al Nur y Al Falá habrían transferido fondos directamente a la rama militar; el Tesoro afirmó que Al Falá canalizó 2,5 millones de dólares durante tres años. Merciful Hands, Al Salamé y Qawafil también habrían sido financiadas por el grupo para completar proyectos destinados a beneficiar a la organización.
La séptima entidad sancionada es la Conferencia Popular de Palestinos en el Extranjero (PCPA). El Departamento del Tesoro la identifica como el principal organizador de flotillas destinadas a desafiar el bloqueo marítimo sobre Gaza y afirma que actúa encubiertamente en nombre de Hamas. Según el comunicado, los aspectos estratégicos y tácticos de su actividad estarían controlados por el grupo islamista mediante la colocación de personas clave en posiciones relevantes.
Israel ha interceptado de forma sistemática estas flotillas, compuestas por múltiples embarcaciones, y ha detenido a sus participantes. Entre los activistas arrestados figura la sueca Greta Thunberg, que participó en una flotilla en junio de 2025 que fue interceptada por la Marina israelí en aguas internacionales; todos los activistas a bordo fueron detenidos y posteriormente deportados.
La PCPA, creada en 2018, funciona, según documentos recuperados en Gaza, como órgano representativo de Hamas en el exterior. Israel la designó como organización terrorista en 2021. Entre los documentos incautados hay una carta de 2021 firmada por Ismail Haniyeh, entonces jefe de la Oficina Política de Hamas, que describe cómo el grupo buscaría controlar el proceso político palestino mediante la escalada de la violencia y la ampliación de su alcance internacional, identificando a la PCPA como factor central.
El Tesoro también sancionó a Zaher Khaled Hassan Birawi, ciudadano británico y miembro fundador de la PCPA, identificado como líder de flotillas hacia Gaza durante los últimos quince años. En 2010 actuó como uno de los portavoces de la flotilla turca Mavi Marmara, incidente en el que murieron diez personas cuando fuerzas israelíes abordaron las embarcaciones en aguas internacionales.
El bloqueo naval sobre Gaza fue establecido por Israel a finales de 2009 para impedir el contrabando de armas tras la toma de control de la Franja por parte de Hamas en 2007. Una investigación independiente de Naciones Unidas sobre el incidente de la Mavi Marmara criticó el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas israelíes, pero consideró que el bloqueo naval era legal. Estas sanciones se enmarcan en un contexto de devastación en Gaza tras más de quince meses de conflicto iniciado con el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023, que dejó alrededor de 1.200 muertos en Israel y el secuestro de 251 personas. El Ministerio de Salud controlado por Hamas ha reportado más de 70.000 muertos en Gaza y Naciones Unidas había determinado previamente la existencia de situaciones de hambruna en el enclave.
