El Ministerio de Salud de Australia declaró una emergencia sanitaria por el incremento del uso de bicicletas eléctricas y el aumento de accidentes graves y muertes vinculadas a estos vehículos, sobre todo entre adolescentes. Las autoridades advierten sobre la proliferación de unidades ilegales en las grandes ciudades y la falta de controles técnicos, mientras comerciantes y centros educativos buscan medidas para afrontarlo.
Según The Guardian, en Nueva Gales del Sur se registraron 226 heridos en 2024 y 233 durante los primeros siete meses de 2025, además de cuatro fallecidos. En Queensland, las cifras preliminares indican 239 siniestros y cuatro muertes en el mismo periodo. Las autoridades señalan que el total real podría ser mayor por el subregistro de incidentes leves.
El aumento de siniestros ha abierto un debate nacional sobre si prohibir estos vehículos o endurecer su regulación y reforzar la educación vial. Registros policiales y asociaciones de ciclistas reconocen que, aunque las bicicletas eléctricas aportaron movilidad y beneficios ambientales, su uso creciente presenta riesgos significativos.
El ministro de Salud, Mark Butler, describió a las bicicletas eléctricas como “una verdadera amenaza en la vía pública” y pidió medidas urgentes para frenar su entrada, dando a la policía facultades para retirarlas y eliminarlas cuando no cumplan la normativa.
Su popularidad creció tras la relajación de normas de importación en 2021, que permitió la llegada de modelos con motores más potentes y aceleradores sin restricciones. Ben Boucher, un estudiante de 16 años, dijo que la bicicleta eléctrica le da independencia y facilita el trayecto escolar: “Simplemente es más fácil moverse”.
No obstante, también se advierte del riesgo de que menores desconozcan las normas de tránsito. Max, un estudiante de 15 años, contó que en clases de educación vial aprendió la importancia del casco, pero mostró su preocupación porque muchos compañeros y padres ignoran que algunos modelos pueden superar los 50 km/h.
En 2025 el gobierno federal estableció una potencia máxima de 250 vatios y un límite de velocidad de 25 km/h, pero comerciantes y expertos sostienen que numerosos modelos eluden los controles oficiales.
Nueva Gales del Sur, que anteriormente permitía motores de hasta 500 vatios, tuvo que alinearse con los límites nacionales. Aun así, algunos usuarios modifican técnicamente sus bicicletas para alcanzar velocidades mayores.
El tema llegó a la discusión política. Butler advirtió que los niños siempre han tomado riesgos en bicicleta, pero ahora las lesiones son mucho más graves. El primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, reconoció que los gobiernos intentan “cerrar la puerta del establo” cuando el problema ya se ha extendido.
La líder opositora Natalie Ward pidió retirar las bicicletas eléctricas de las calles y alertó sobre la aparición de agrupaciones juveniles, citadas en medios como ebike gangs. Estas posturas reflejan el desacuerdo sobre cómo gestionar lo que se percibe como una emergencia de salud pública.
El fenómeno también afectó al comercio. Francisco Furman, propietario de Manly Bikes en Sídney, relató que tras la muerte de un usuario en diciembre las ventas cayeron en una temporada que suele ser activa: “Tuvimos muchas cancelaciones, lo que afectó gravemente nuestro negocio”, dijo, y redujo su inventario por la incertidumbre regulatoria.
Otros comerciantes, como Tadana Maruta, dueño de la tienda Pedl, opinan que las nuevas restricciones no serán suficientes, porque muchas bicicletas pueden ser modificadas para superar los límites legales.
Además, continúa la venta de modelos ilegales para uso privado que superan los 25 km/h o carecen de pedales, y muchos compradores los usan en la vía pública. “Todo lo que se necesita es un adolescente ingenioso”, sostuvo Maruta, en referencia a la facilidad para alterar los vehículos.
La policía australiana intensificó los controles contra bicicletas eléctricas y motocicletas ilegales. En una inspección en Melbourne en agosto, más de la mitad de los vehículos incautados no cumplían la normativa. El comisionado adjunto de la policía de Victoria, Glenn Weir, señaló que hay “una falta clara de comprensión, o un desinterés evidente, por cumplir la ley”.
Asimismo, los denominados rideouts —encuentros de ciclistas adolescentes organizados por redes sociales— han recibido nuevas restricciones. En Sídney y Melbourne estas reuniones han reunido a cientos de jóvenes y provocado quejas de residentes y autoridades.
Las medidas futuras contempladas incluyen el refuerzo de operativos policiales y la expansión de la educación vial. Bicycle NSW, la principal organización de ciclistas de Nueva Gales del Sur, promueve un programa piloto de formación en escuelas con la intención de ampliarlo a todo el estado.
La entidad sostiene que la intervención policial debe ser el último recurso y aboga por informar a adolescentes, padres y comerciantes sobre la normativa vigente. Colectivos como Bike Life Australia trabajan junto a la policía para organizar salidas legales y prevenir incidentes.
El desafío de conciliar la movilidad sostenible con la seguridad pública sigue abierto en Australia. Para muchos comerciantes, la adopción de estas bicicletas es ya un hecho, y sus efectos —tanto positivos como negativos— forman parte de la dinámica urbana nacional.
