El Ministerio de Salud de Australia declaró una emergencia a raíz del aumento del uso de bicicletas eléctricas y del incremento de accidentes graves y muertes relacionados con estos vehículos, especialmente entre adolescentes. Las autoridades alertan sobre la proliferación de modelos ilegales en las principales ciudades y la falta de controles técnicos, mientras comerciantes y centros educativos buscan estrategias para afrontar la situación.
Según The Guardian, en Nueva Gales del Sur se registraron 226 personas heridas en 2024 y 233 durante los primeros siete meses de 2025, además de cuatro fallecidos. En Queensland, las cifras preliminares indican 239 siniestros y cuatro muertes en el mismo periodo. Las autoridades reconocen que los números reales podrían ser mayores debido al subregistro de incidentes menores.
El aumento de accidentes ha abierto un debate nacional sobre si prohibir estos vehículos, endurecer la regulación o reforzar la educación vial. Registros policiales y asociaciones de ciclistas coinciden en que las bicicletas eléctricas han aportado movilidad y beneficios ambientales, pero que la situación actual presenta riesgos preocupantes.
El ministro de Salud, Mark Butler, describió estos vehículos como “una verdadera amenaza en la vía pública” y defendió medidas para frenar su entrada al país, otorgando a la policía facultades para retirarlos, destruirlos y eliminarlos.
El uso de bicicletas eléctricas se aceleró tras la flexibilización de normas de importación en 2021, que permitió la llegada de modelos con motores más potentes y aceleradores sin restricciones. Ben Boucher, un estudiante de 16 años, dijo que la bicicleta eléctrica le da independencia y facilita su desplazamiento al colegio: “Simplemente es más fácil moverse”.
No obstante, advirtió del riesgo de que menores desconozcan las normas de tránsito. Max, un alumno de 15 años, contó que en clases de educación vial aprendió la importancia del casco, pero manifestó su preocupación porque muchos compañeros y sus padres no saben que algunos modelos pueden superar los 50 km/h.
En 2025 el gobierno federal estableció una potencia máxima de 250 vatios y un límite de velocidad de 25 km/h. Aun así, comerciantes y expertos sostienen que numerosos modelos eluden los controles oficiales.
Nueva Gales del Sur, que previamente permitía motores de hasta 500 vatios, debió alinearse con los límites nacionales. Pese a ello, los usuarios pueden modificar técnicamente sus bicicletas para alcanzar velocidades mayores.
El debate escaló a la política: Butler señaló que “los niños siempre han cometido imprudencias con las bicicletas, pero ahora las lesiones son mucho más graves”. El primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, admitió que los gobiernos intentan “cerrar la puerta del establo” cuando el problema ya se ha desbordado.
La líder opositora Natalie Ward pidió “sacar las bicicletas eléctricas de las calles” y advirtió sobre la aparición de agrupaciones juveniles denominadas en medios como ebike gangs. Estas posturas reflejan el desacuerdo sobre cómo gestionar lo que algunos consideran una posible emergencia sanitaria.
El fenómeno también afectó al comercio. Francisco Furman, propietario de Manly Bikes en Sídney, relató que tras la muerte de un usuario en diciembre las ventas cayeron en una temporada normalmente activa: “Tuvimos muchas cancelaciones, lo que afecta gravemente nuestro negocio”. Por ello redujo su inventario ante la incertidumbre regulatoria.
Otros comerciantes, como Tadana Maruta, dueño de la tienda Pedl, opinan que las restricciones no resolverán por sí solas el problema, ya que muchas bicicletas pueden modificarse para superar los límites legales.
Maruta añade que sigue habiendo venta de modelos ilegales para uso privado, que exceden los 25 km/h o carecen de pedales, y que numerosos compradores los usan en la vía pública: “Todo lo que se necesita es un adolescente ingenioso, y siempre hay uno capaz de hacerlo”.
La policía australiana intensificó operativos contra bicicletas eléctricas y motocicletas ilegales. En una inspección en Melbourne en agosto, más de la mitad de los vehículos incautados no cumplían la normativa vigente. El comisionado adjunto de la policía de Victoria, Glenn Weir, declaró que existe “una falta clara de comprensión, o un desinterés evidente, por cumplir la ley”.
Además, los denominados rideouts, encuentros de ciclistas adolescentes organizados por redes sociales, están sujetos a nuevas restricciones. En Sídney y Melbourne estas reuniones han convocado a cientos de jóvenes y generado quejas de residentes y autoridades.
Como alternativas se plantean el refuerzo de los controles policiales y la ampliación de la educación vial. Bicycle NSW, la principal organización de ciclistas de Nueva Gales del Sur, impulsa un programa piloto de formación en escuelas con la intención de expandirlo a todo el estado.
La entidad sostiene que la intervención policial debe ser la última instancia y promueve informar a adolescentes, padres y comerciantes sobre la normativa. Simultáneamente, colectivos como Bike Life Australia colaboran con la policía para organizar salidas legales y prevenir incidentes.
El desafío de conciliar la movilidad sostenible con la seguridad pública sigue abierto en Australia. Para muchos comerciantes la adopción de estas bicicletas parece irreversible y sus efectos, tanto positivos como negativos, forman parte de la dinámica urbana del país.
