La causa por el homicidio de Jeremías Monzón, ocurrido en la ciudad de Santa Fe, derivó en un debate sobre el uso responsable de las redes sociales tras difundirse masivamente un video grabado instantes antes del hecho. El abogado de la familia, Bruno Rugna, solicitó públicamente que se detenga la viralización de ese material, que vulnera la intimidad de la víctima, oriunda de la vecina localidad de Santo Tomé.
Rugna afirmó que las imágenes que circulan no aportan información relevante a la investigación; el cuerpo de Jeremías fue encontrado en un predio abandonado frente a la cancha de Colón. Para sus allegados, la exposición pública de sus últimos momentos constituye una invasión innecesaria. El video ya está en poder de la justicia santafesina, por lo que su difusión fuera de los canales oficiales no tiene un propósito informativo legítimo.
Un dolor que se multiplica
La familia advierte que cada vez que el video se comparte se profundiza una herida que resulta difícil de cicatrizar. Sostienen que la viralización despoja de humanidad al hecho y convierte una tragedia que conmovió al barrio Chalet en un objeto de consumo. El pedido busca proteger la salud emocional de los padres y amigos, que deben transitar el duelo mientras las imágenes se siguen reproduciendo.
Aunque el proceso judicial continúa en forma regular, el fenómeno digital abrió un nuevo foco de conflicto. Los abogados explicaron que el contenido ya está siendo analizado por peritos, por lo que su difusión pública carece de justificación. Se apeló a la responsabilidad ciudadana para evitar convertirse en cómplices de una cadena que revictimiza a quienes ya sufren las consecuencias de la violencia.
Límites éticos y dignidad humana
El reclamo principal busca fijar un límite ético frente a la morbosidad que suele rodear casos de alto impacto mediático. Preservar la dignidad de Jeremías Monzón es la prioridad de su familia en este momento de vulnerabilidad. Se pretende desalentar prácticas de viralización que, lejos de ayudar a esclarecer lo ocurrido en las inmediaciones de la Ruta Nacional 11, agravan el daño colateral.
Mientras la investigación avanza para determinar responsabilidades penales, la familia espera una respuesta empática de la sociedad y solicita silencio en el entorno digital. La causa continúa su curso en busca de justicia, pero el pedido actual es claro: detener la circulación de las imágenes para permitir que el duelo se desarrolle con el respeto que merece la memoria de la víctima.
