El hallazgo de cámaras ocultas en los despachos del gobernador Rogelio Frigerio y del secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, causó un fuerte impacto político y mediático en Entre Ríos, al interpretarse en un primer momento como un caso de espionaje reciente. Sin embargo, una investigación de la revista Análisis aportó elementos que cambian esa versión inicial.
Según fuentes vinculadas a la gestión anterior, los aparatos habrían sido instalados a principios de 2018 por decisión del entonces secretario general de la Gobernación, Edgardo Kueider, durante la administración de Gustavo Bordet. El objetivo habría sido controlar los movimientos en los despachos cuando los funcionarios no estaban presentes.
Incluso, se afirma que el propio Bordet solicitó la instalación de una cámara en su oficina tras detectar movimientos extraños en su despacho; esa cámara sería una de las encontradas esta semana en el despacho del actual gobernador Frigerio.
El sistema estaba compuesto por cámaras analógicas básicas, camufladas en sensores de movimiento y conectadas por cableado a un DVR ubicado en una oficina contigua a la Secretaría General. No tenían conexión a internet ni transmisión remota. Fuentes indicaron que el sistema fue desactivado en febrero de 2019, después de que Kueider denunciara un hackeo.
Según relataron las fuentes, tras la intrusión se desconectó todo: “No tienen corriente, no funcionan y no hay imágenes”. En ese momento retiraron el DVR y dejaron cables sueltos, aunque las cámaras quedaron físicamente instaladas.
En total, hubo dispositivos en la antesala, en la oficina del secretario general, en el pasillo entre ambos despachos y en la oficina del gobernador. Llamó la atención que permanecieran visibles durante años sin ser advertidos por los equipos de seguridad de las gestiones posteriores.
El antecedente directo se remonta a enero de 2019, cuando Kueider recibió un correo anónimo con videos filmados por esas mismas cámaras, lo que evidenció que el sistema había sido vulnerado. En las imágenes se lo veía manipulando fondos reservados. El hecho motivó una denuncia judicial que finalmente fue archivada.
Con estos datos, los elementos hallados en Casa de Gobierno no corresponderían a un sistema de espionaje activo ni reciente, sino a dispositivos remanentes de la gestión anterior que no estarían en funcionamiento desde hace casi siete años.
No obstante, el episodio reavivó el debate político sobre prácticas pasadas y volvió a poner en discusión los mecanismos de control, la transparencia y el resguardo institucional en la provincia.
