Uno de los imputados en la causa por el presunto desvío de fondos públicos del programa Potenciar Trabajo —investigación en la que ya fue enviado a juicio el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni— intentó ofrecer una suma económica para quedar fuera del proceso. El ofrecimiento fue presentado por Leandro Kebleris, procesado como supuesto partícipe necesario por la emisión de dos facturas que, según la acusación, serían apócrifas y habrían servido para justificar gastos inexistentes con recursos públicos.
Sin admitir responsabilidad, Kebleris propuso extinguir la acción penal mediante el pago de una suma millonaria (según la propuesta, 87.963.534 pesos). El juez federal Sebastián Casanello rechazó el ofrecimiento, en consonancia con la postura de la fiscalía y de las querellas.
Kebleris está procesado por presunta administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, una calificación ratificada por la Cámara Federal, y forma parte de una segunda etapa de imputados que podrían ser enviados a juicio. El Tribunal Oral Federal 8 ya organiza el debate principal del expediente contra Belliboni y otros 15 acusados.
Facturas truchas
Según la investigación, Kebleris fue uno de los administradores de Coxtex S.A., sociedad utilizada para emitir facturación apócrifa presentada ante el entonces Ministerio de Desarrollo Social. En octubre de 2021 la firma documentó dos facturas por un total de $5.459.418 a favor de la Asociación Civil Polo Obrero y de la Cooperativa El Resplandor, que fueron rendidas como gastos del programa Potenciar Trabajo. La acusación sostiene que esos fondos habrían sido desviados hacia actividades de prensa, militancia y campaña electoral.
En noviembre, luego de que la fiscalía y las querellas pidieran la elevación a juicio de este tramo del expediente, la defensa ofreció una reparación integral. La propuesta incluía la transferencia inmediata de más de $14 millones ya embargados y el pago del saldo restante en doce cuotas mensuales con intereses.
La fiscalía, la Oficina Anticorrupción, el Ministerio de Capital Humano y la Unidad de Información Financiera, que actúan como querellantes, se opusieron al acuerdo. Alegaron que la maniobra investigada involucra a múltiples personas y hechos, por lo que no sería admisible fraccionar la valoración del daño ni abordarlo aisladamente respecto de un solo interviniente.
Salida privatizadora
Al resolver sobre la propuesta, Casanello consideró que el caso no puede tratarse como un conflicto de naturaleza privada. Señaló que no se trata de un simple conflicto intersubjetivo cuya pretensión pueda satisfacerse mediante una prestación económica, sino que afecta bienes jurídicos de carácter supraindividual que pertenecen a la sociedad en su conjunto y que no pueden repararse mediante una mera compensación económica, por elevada que ésta sea.
El juez afirmó que la conducta atribuida a Kebleris facilitó el uso indebido de recursos estatales destinados a una política pública. Según su resolución, la intervención del imputado posibilitó el desvío de parte de los fondos asignados por el Estado en el marco del Programa Potenciar Trabajo, que terminaron aplicándose en beneficio particular y ajeno al objetivo del programa.
En la resolución a la que accedió este medio, Casanello agregó que ese accionar frustró la finalidad del programa social, cuyo propósito es contribuir al mejoramiento de la empleabilidad y a la generación de propuestas productivas y educativas orientadas a lograr la inclusión social plena y la autonomía económica de personas en situación de alta vulnerabilidad.
El juez afirmó que la naturaleza penal del conflicto tiene un marcado componente público y que ello imposibilita la aplicación de una “salida privatizadora” que deje sin efecto los fines del proceso.
Además, advirtió sobre las consecuencias institucionales de aceptar una reparación económica en casos de esta índole: hacerlo implicaría enviar el mensaje de que, independientemente del delito —incluidos los cometidos contra el propio Estado nacional—, quien dispone de recursos económicos podría poner fin al proceso penal mediante el pago de una suma de dinero.
El futuro juicio
Otro de los argumentos centrales al rechazar el acuerdo fue el estado procesal del expediente. Casanello recordó que el tramo principal del caso ya fue elevado a juicio oral respecto de otras 16 personas, entre ellas Belliboni.
Con el rechazo del acuerdo reparatorio, el juez quedó en condiciones de decidir sobre el envío a juicio de este segundo tramo de la causa. La investigación apunta a un presunto esquema de desvío de fondos públicos a través de distintas empresas que habrían emitido facturas falsas para simular gastos por parte de referentes del Polo Obrero.
Belliboni ya fue enviado a juicio acusado de presunta “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” y, además, la Cámara Federal porteña agregó las figuras de “amenazas coactivas” y “extorsión”.
La Justicia estimó que existe evidencia del desvío de los fondos públicos asignados al Polo Obrero y a la cooperativa El Resplandor mediante convenios del programa Potenciar Trabajo. Según la acusación, ese dinero se habría destinado a financiar actividades diversas y se habrían impuesto exigencias a los beneficiarios del programa que eran ajenas a lo pactado, condicionando la continuidad de la asistencia estatal.
