Yusef Pezeshkian, identificado como hijo del presidente iraní y asesor del régimen, pidió este sábado que se restablezca el acceso a internet en el país, tras más de dos semanas de corte decretado por las autoridades. Advirtió que mantener la suspensión profundizaría el descontento social y reconoció que la medida se tomó en respuesta a la dura represión de las recientes protestas antigubernamentales.
En un mensaje publicado en la red Telegram, Pezeshkian señaló que prolongar el apagón “generará descontento y ampliará la brecha entre el pueblo y el gobierno”. Admitió no saber cuándo se reanudaría el servicio y explicó que la decisión de mantener la suspensión obedece al temor oficial por la circulación de videos y fotografías vinculadas a las manifestaciones, que se intensificaron la semana pasada.
“La difusión de videos es algo a lo que tendremos que enfrentarnos tarde o temprano. Bloquear internet no resolverá nada; sólo postergará el problema”, afirmó en su mensaje.
El acceso global a internet fue bloqueado por el régimen iraní el 8 de enero, en el momento de mayor intensidad de las protestas. Las movilizaciones comenzaron el 28 de diciembre en el Gran Bazar de Teherán por el colapso del rial, la moneda nacional, y se extendieron rápidamente a otras ciudades del país. Diversos sectores, incluido el príncipe exiliado Reza Pahlavi, convocaron a las protestas.
En los días de mayor tensión se registraron disparos en la capital y, según testigos citados por Human Rights Watch, la presencia de manifestantes en las calles alcanzó niveles sin precedentes. Bahar Saba, de esa organización, declaró que las autoridades iraníes han recurrido repetidamente a las armas y a una represión violenta contra quienes salen a protestar.
Las cifras de víctimas difieren notablemente entre fuentes. La ONG Iran Human Rights, con sede en Noruega, estimó que las muertes podrían superar las 25.000 personas. Por su parte, el gobierno iraní informó el miércoles de 3.117 fallecidos, de los cuales 2.427 fueron catalogados como “mártires”, una categoría que incluye a miembros de las fuerzas de seguridad y a transeúntes no relacionados con las protestas. El viceministro del Interior, Ali Akbar Pourjamshidian, reconoció en televisión estatal que la violencia aumentó el 8 de enero y que “más de 400 ciudades estuvieron involucradas”.
La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, elevó el conteo a 5.137 muertos, detallando 4.834 manifestantes, 208 miembros del personal gubernamental, 54 niños y 41 civiles no involucrados. HRANA señaló que cotejó sus cifras con registros públicos y testimonios directos dentro de Irán.
El grupo de monitoreo NetBlocks sugirió que el gobierno podría estar implementando una “intranet más altamente filtrada” y un sistema de “conectividad basada en listas blancas”. Las autoridades han defendido el corte de internet alegando la necesidad de proteger la seguridad nacional y atribuyen las protestas a un supuesto complot extranjero, al que señalan como liderado por Estados Unidos e Israel.
A pesar de las explicaciones oficiales, tanto la ampliada dimensión de la represión como el propio reconocimiento gubernamental de miles de muertes destacan la gravedad de los acontecimientos recientes en Irán.
