La relatora especial de la ONU para Irán, Mai Sato, denunció que miles de manifestantes heridos durante las recientes protestas habrían sido sacados de hospitales y detenidos por fuerzas de seguridad, lo que constituiría una grave violación del derecho a la atención médica amparado por el derecho internacional.
Sato, también profesora en la Universidad Birkbeck de Londres, dijo haber recibido múltiples reportes sobre retiros forzosos de pacientes en hospitales de distintas provincias. Según declaró a Reuters, familiares que acudieron al día siguiente de los incidentes no encontraron a sus parientes. Además, señaló que a las familias se les exigiría entre USD 5.000 y USD 7.000 para reclamar los cadáveres, una suma considerable en el contexto económico actual del país.
La agencia de noticias HRANA, con sede en Estados Unidos, estima 5.937 fallecidos vinculados a las protestas, entre ellos 214 miembros de las fuerzas de seguridad; las autoridades iraníes reconocen oficialmente 3.117 muertes. Ni Sato ni Reuters han podido verificar de forma independiente estas cifras, aunque la relatora considera que el número de víctimas mortales excede ampliamente las cifras oficiales.
Profesionales sanitarios en Irán, que hablaron con Reuters bajo anonimato, confirmaron que fuerzas de seguridad irrumpieron en centros hospitalarios para retirar a pacientes y revisar registros en busca de manifestantes heridos con el fin de detenerlos. Un médico en Rasht relató que, tras ser operados por heridas de bala, decenas de pacientes fueron sacados por la Guardia Revolucionaria y su paradero es desconocido. En hospitales de Teherán, una enfermera y dos médicos aseguraron que agentes de la Guardia y la policía inspeccionaron habitaciones buscando a heridos por las protestas.
Estas intervenciones han disuadido a la población de buscar atención médica por temor a ser arrestada, lo que aumenta el riesgo para la vida y la salud de los heridos. Sato advirtió que tales acciones atentan contra el principio de neutralidad médica protegido por los Convenios de Ginebra, que garantizan la protección de personal sanitario, hospitales y pacientes para asegurar una atención imparcial.
Según informes citados por Sato, las fuerzas de seguridad habrían disparado contra manifestantes en el pecho y la cabeza en las 31 provincias del país, apuntando a órganos vitales y empleando fuerza letal de forma indiscriminada. El derecho internacional solo autoriza el uso letal de la fuerza como último recurso y de manera proporcionada. Sato indicó que estos hechos podrían constituir “muertes ilegales y ejecuciones arbitrarias” y alertó sobre un aumento de lesiones oculares causadas por perdigones en las protestas recientes.
La relatora también denunció que las demandas de pago para entregar los cuerpos agravan el sufrimiento de las familias, combinando dolor y extorsión. Sato afirmó que la tentativa de las autoridades iraníes de calificar a los manifestantes como “terroristas” o “alborotadores” busca justificar la represión de un movimiento que, a su juicio, es local y espontáneo.
Irán difunde “confesiones” forzadas para disuadir la disidencia
Un grupo de derechos humanos denunció que al menos 240 confesiones forzadas se han emitido recientemente en la televisión estatal iraní. Los videos muestran a personas detenidas admitiendo delitos que van desde violencia contra miembros de las fuerzas de seguridad hasta colaboración con opositores o potencias extranjeras y la interacción con cuentas críticas en redes sociales.
Organizaciones como Amnistía Internacional han calificado esos materiales de “videos de propaganda” y han denunciado que las confesiones podrían haberse obtenido mediante tortura física y psicológica. Se ha informado que detenidos son obligados a firmar declaraciones que no pueden leer y a admitir delitos que no cometieron, incluidas acciones pacíficas de disenso.
El jefe del poder judicial iraní, Gholamhossein Mohseni Ejei, ha liderado personalmente algunas de estas interrogaciones televisadas. Roya Boroumand, directora del Centro Abdorrahman Boroumand para los Derechos Humanos en Irán, señaló que las confesiones cumplen funciones múltiples: fabricar legitimidad política, presentar a los manifestantes como agentes violentos al servicio de intereses extranjeros y desalentar la disidencia. Boroumand agregó que estas prácticas buscan humillar y desacreditar a los opositores y recordar a la sociedad el alto costo de desafiar al Estado.
Las protestas, inicialmente motivadas por cuestiones económicas, escalaron hasta convertirse en un movimiento amplio contra la república islámica, en particular desde el 8 de enero, cuando se registró un apagón de internet. HRANA atribuye miles de muertes a la represión, y reporta además más de 41.000 arrestos y 240 confesiones forzadas durante el operativo.
El Centro para los Derechos Humanos en Irán (CHRI) describió la actual escala de confesiones forzadas como sin precedentes y advirtió que esas declaraciones suelen ser la única prueba utilizada para condenar, incluso en casos con pena de muerte. Boroumand explicó que al exhibir a disidentes confesando “colusión con potencias extranjeras”, el Estado intenta legitimar la represión alegando la protección de la seguridad nacional y emplea las confesiones televisadas como prueba para justificar sanciones severas.
(Con información de Reuters y AFP)
