Un tribunal de La Haya determinó este miércoles que el Gobierno de Países Bajos discrimina a los residentes de Bonaire al no proporcionarles protección adecuada frente al cambio climático. La sentencia histórica obliga al Estado a elaborar un plan de adaptación específico para la isla caribeña, al considerar que sus habitantes reciben un trato distinto, sin justificación válida, respecto a los de la parte europea de Países Bajos, lo que vulnera sus derechos humanos.
La resolución responde a una demanda presentada por ocho residentes de Bonaire con el respaldo de Greenpeace. El tribunal ordenó al Gobierno que, en un plazo de 18 meses, establezca objetivos intermedios vinculantes de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para toda la economía, encaminados a alcanzar emisiones netas cero en 2050, conforme a los compromisos internacionales.
El presidente del tribunal, Jerzy Luiten, advirtió en una audiencia con gran asistencia que la isla ya experimenta inundaciones por tormentas tropicales y precipitaciones extremas, y que incluso las proyecciones más conservadoras apuntan a que partes de Bonaire podrían quedar bajo el agua antes de 2050. Investigaciones de la Universidad Libre de Ámsterdam indican que el mar podría cubrir hasta una quinta parte de la isla de 288 km2 antes de final de siglo.
Una de las demandantes, Jackie Bernabela, que viajó desde Bonaire para asistir al juicio, se mostró emocionada y declaró que los isleños ya no deben ser considerados “ciudadanos de segunda clase”. Durante las audiencias previas, residentes como la agricultora Onnie Emerenciana relataron que el aumento del calor ha hecho inviables actividades como el trabajo en el campo y la pesca. Tras el fallo, Emerenciana declaró que el Estado ya no puede “mirar hacia otro lado”.
El tribunal rechazó el argumento del Gobierno de que la planificación climática corresponde exclusivamente a las autoridades locales, y subrayó que no hay justificación para que las medidas de protección para Bonaire, que se verá afectada antes y de forma más grave por el cambio climático, se implementen más tarde o de forma menos sistemática que en la parte europea de Países Bajos, reconocida por su avanzado sistema de diques y barreras marítimas.
Los jueces consideraron insuficiente la meta gubernamental de reducir emisiones en un 55% para 2030 respecto a 1990, al señalar que no es jurídicamente vinculante y que no contempla por completo las emisiones del transporte aéreo y marítimo. Añadieron que es muy improbable que Países Bajos alcance esa meta para 2030. Bonaire —ex colonia holandesa situada a unos 80 km de la costa venezolana— se convirtió en 2010 en uno de los tres municipios especiales de Países Bajos, junto con San Eustaquio y Saba; sus cerca de 20.000 habitantes son ciudadanos holandeses.
La sentencia se produce en un contexto político sensible, en plena negociación para formar un nuevo gobierno de coalición que podría estar liderado por Rob Jetten, dirigente centrista del D66 conocido por su impulso a la agenda climática. Un portavoz del Ministerio de Infraestructura indicó que el Estado toma la decisión muy en serio y estudiará el fallo antes de anunciar las medidas que correspondan.
Este fallo no es el primero del Tribunal de Distrito de La Haya con impacto climático: el mismo juzgado tramitó el caso Urgenda hace más de una década, que culminó en 2019 con un mandato del Tribunal Supremo para que el Gobierno redujera sus emisiones. Esa jurisprudencia ha servido de precedente en causas similares a nivel internacional y fue citada en recientes resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en pronunciamientos de la Corte Internacional de Justicia sobre obligaciones climáticas.
Marieke Vellekoop, directora de Greenpeace Países Bajos, describió el fallo como una victoria histórica y señaló que ofrece a comunidades de todo el mundo una herramienta para exigir responsabilidad a sus gobiernos. Greenpeace consideró el caso de Bonaire como la primera prueba relevante tras la opinión consultiva de la CIJ que declaró que los países que incumplen sus obligaciones climáticas cometen un acto ilícito.
