A lo largo del siglo XX Argentina transitó por cambios políticos y económicos que, según numerosos análisis, llevaron al país a alejarse de políticas orientadas al respeto de la libertad económica y de la propiedad privada. Procesos como medidas estatales intervencionistas, defaults, ciclos de inflación y expropiaciones erosionaron derechos de propiedad y generaron pérdida de confianza. Ese deterioro se tradujo en décadas de estancamiento económico y fuga de ahorros: una economía que pudo haber avanzado más quedó, metafóricamente, congelada en plena carrera.
Los datos lo reflejan con claridad. Si desde mediados del siglo pasado se hubiera sostenido una tasa de crecimiento moderada, por ejemplo del 2% anual, el ingreso per cápita actual sería, aproximadamente, más del doble del observado hoy, situándose en niveles comparables a los de varios países europeos. Esa diferencia resume el bienestar económico que se dejó de alcanzar.
La persistencia del estancamiento tiene explicaciones complejas y debatidas. Parte de la distorsión provino de políticas y estructuras que favorecieron a grupos reducidos con ventajas económicas y capacidad para influir en la opinión pública y en el diseño de instituciones. Esa concentración de beneficios en ciertos sectores se combinó con prácticas que redujeron la competencia, la inversión y la innovación.
En términos sencillos, sucesos como defaults, controles cambiarios, episodios de alta inflación y expropiaciones deterioraron el marco de seguridad jurídica necesario para la inversión. El respeto al derecho de propiedad es un componente clave para el funcionamiento de un sistema económico eficiente: sin garantías sobre activos y contratos, la inversión y la actividad productiva se ven afectadas y se amplifica la intervención estatal en la asignación de recursos. Ante episodios políticos que pusieron en debate el equilibrio fiscal y la protección de compromisos contractuales, las autoridades que asumieron en diciembre de 2023 pusieron como prioridad el restablecimiento de certezas sobre la propiedad y las finanzas públicas.
El riesgo país funciona como un indicador sensible de esa vulnerabilidad: refleja, entre otras cosas, la percepción sobre la probabilidad de que un gobierno incumpla compromisos de deuda o imponga medidas que afecten contratos. Por ello, variaciones significativas del riesgo país impactan de forma directa y mediata en la actividad económica, el bienestar y el crecimiento. En términos generales, para una economía existen dos caminos: fortalecer el marco de derechos de propiedad y la estabilidad institucional, lo que favorece la inversión y la prosperidad, o avanzar hacia un modelo con intervenciones frecuentes que debilitan esos derechos y desalientan la inversión.
En debates públicos recientes, dirigentes y analistas han mostrado visiones distintas sobre la sostenibilidad de la deuda y las formas de abordarla. Algunas voces sostuvieron que la gestión previa no había sido suficiente para resolver problemas de financiamiento, mientras otras enfatizaron la necesidad de respetar los compromisos y restaurar la confianza. Esos desencuentros explican, en parte, la volatilidad política y económica observada en 2025.
Con la elección y el cambio de percepción pública, parte del riesgo político disminuyó; aun así, resulta útil cuantificar el costo económico que generó el aumento previo del riesgo país. Hacer ese ejercicio permite valorar también los beneficios de la caída del indicador que se observó tras la elección.
Una forma de estimarlo es analizar la relación empírica entre el riesgo país y el producto en dólares y en pesos constantes. Entre enero y octubre de 2025 el riesgo país aumentó de aproximadamente 560 a 1000 puntos básicos, un alza de más de 400 puntos. Si se utiliza la relación histórica entre el PBI en dólares y el riesgo país (1999–2025), ese salto se asocia a una caída aproximada de 3,5% del PBI en dólares y de 2,3% en términos reales en pesos. En ausencia de ese shock, la economía habría registrado, según esa estimación, un crecimiento mayor en 2025 (por ejemplo, alrededor de 6,9% en lugar de 4,4% según REM), lo que permite cuantificar el costo económico inmediato del aumento del riesgo.
Es necesario advertir que esa estimación parte de una correlación, por lo que identificar raíz y efecto con total certeza requiere cautela: el riesgo país puede afectar al crecimiento y, simultáneamente, las perspectivas de crecimiento pueden influir en el riesgo. En 2025, dado el origen político del shock, es razonable pensar que la dirección principal fue del shock político hacia la actividad, pero la relación es bidireccional. Además, las subidas del riesgo suelen afectar la inversión y, por lo tanto, generan efectos persistentes en el tiempo.
Para capturar esos efectos persistentes se puede recurrir a modelos de equilibrio general que consideran la optimización intertemporal y la apertura financiera. Un modelo influyente en la literatura —el de Neumeyer y Perri (2005)— evalúa cómo un aumento del riesgo país encarece la financiación de la inversión y eleva los costos de producción, generando un impacto prolongado sobre el producto. Aplicado al aumento del riesgo observado en 2025, el modelo predice una caída máxima del PBI de hasta alrededor de 3,2%, con efectos que perduran por su impacto sobre la inversión.
Si la subida del riesgo hubiese sido transitoria y el riesgo país hubiera vuelto a los niveles de principios de 2025, el cálculo del impacto acumulado hasta retornar al estado estacionario indica una pérdida total equivalente a aproximadamente 31% del PBI relativo a la trayectoria base, lo que puede aproximarse a unos 210.000 millones de dólares en términos agregados.
Tras la elección, las señales de política fiscal y el compromiso con el cumplimiento de contratos contribuyeron a una reducción del riesgo país. Esa mejora de la percepción internacional y local tiene efectos económicos cuantificables y positivos a mediano y largo plazo.
De acuerdo con el mismo modelo de referencia, si el riesgo país se estableciera de manera permanente en 450 puntos básicos (frente a un nivel de referencia de 560), el PBI de largo plazo sería aproximadamente 3% mayor respecto de la trayectoria anterior; acumulativamente en los próximos diez años eso se traduciría en alrededor de 731.000 millones de dólares de mayor PBI. Si el riesgo llegara a bajar a 350 puntos básicos de forma permanente, el PBI de largo plazo sería aproximadamente 9% superior y, en diez años, el incremento acumulado podría superar 1,5 billones de dólares. Estas cifras ilustran el tamaño del potencial beneficio asociado a una mejora sostenida en las condiciones de confianza y financiamiento.
En síntesis, fortalecer el marco institucional y el respeto a los derechos de propiedad puede revertir parte del daño económico causado por episodios de inestabilidad y desconfianza. Mejorar la seguridad jurídica y la estabilidad fiscal favorece la inversión, el crecimiento y el bienestar. Como metáfora práctica: en lugar de imponer o dirigir forzosamente el desarrollo, resulta más eficaz eliminar los obstáculos que impiden que la actividad económica crezca por sí misma. Con un entorno de mayor certidumbre, Argentina puede retomar una senda de crecimiento sostenido.
