Nicolás Rodríguez, dirigente kirchnerista detenido junto a su pareja, Daniela Silva Muñoz, en el marco del escándalo por abusos sexuales que afecta al Senado bonaerense, afirmaba ser familiar de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Fuentes con acceso a la investigación dijeron a Infobae que él recurría a esa supuesta relación para mostrarse como una figura “poderosa” o “intocable” dentro de la militancia y el Estado.
El supuesto parentesco entre Rodríguez —acusado además por varias mujeres de liderar una secta llamada “La Orden de la Luz”— y la exmandataria no está acreditado en la causa que se tramita en La Plata y, según la pesquisa, podría tratarse de una invención del imputado.
Hasta su detención, Rodríguez era uno de los referentes del Movimiento Ciudadano La Capitana, una agrupación en la que hasta 2021 participó Giselle Fernández, hermana de Cristina Fernández de Kirchner.
Las denunciantes relataron que Rodríguez se proyectaba como un nexo directo con la máxima conducción política y que, mientras ocurrían los hechos, lo percibían como “todo poderoso”, capaz de conocer movimientos, secretos y rutinas de las víctimas.
Una testigo bajo identidad reservada —funcionaria del Municipio de La Plata que trabajó con el acusado y confidenció el caso a una víctima, lo que reactivó la investigación— informó sobre esos dichos a la fiscal de La Plata, Betina Lacki, a cargo de la causa.
En su declaración, la funcionaria explicó que Rodríguez la había invitado a su casa en una ocasión en la que ella estuviera sola, y que ella rechazó la propuesta porque le pareció sugestiva. El acusado, según dijo, llegó a sugerir que podría ir acompañado por otras mujeres de su organización para evitar que ella se sintiera incómoda, pero ella igualmente se negó.
La testigo añadió que, días después, Rodríguez le dijo que lo que quería contarle era que tenía vínculos familiares con Cristina Fernández de Kirchner y que había dejado de insistir cuando percibió que ella lo había tomado mal.
Los investigadores estiman que presentarse como un “peso pesado” dentro del kirchnerismo formaba parte de su estrategia para mantener impunidad frente a los delitos que se le atribuyen.
Una de las denunciantes coincidió con ese relato y afirmó que tanto Rodríguez como Silva Muñoz le dijeron que él era sobrino de la expresidenta.
El caso que se investiga
El juez de garantías Juan Pablo Masi deberá resolver en las próximas horas el pedido de prisión preventiva que solicitó la fiscal Lacki para ambos imputados. Rodríguez y Silva Muñoz están investigados no sólo por delitos sexuales, sino también por privación ilegítima de la libertad y amenazas.
Según la investigación, los hechos ocurrieron en un contexto que combinó militancia política, trabajo en la Cámara de Senadores bonaerense y prácticas de corte esotérico.
Los imputados habrían liderado una agrupación autodenominada “La Orden de la Luz”, donde Rodríguez se proclamaba un ser superior —según las denuncias, llamado “Kiei”— y Silva Muñoz ejercía como una supuesta maestra espiritual o “sensei”. Bajo esa estructura, convencían a las víctimas de que su deber era satisfacer los deseos del líder y de su compañera.
La manipulación denunciada incluyó promesas de pasantías y puestos en el Senado. En varios casos, las becas o ayudas eran pagadas por el propio Rodríguez para generar dependencia económica y moral; una vez establecida esa relación de subordinación, según las acusaciones, comenzaron los abusos sexuales, que habrían incluido acceso carnal violento y amenazas con armas blancas.
Durante los encuentros en los domicilios de los imputados, se habrían exhibido cuchillos y katanas para intimidar a las víctimas; varias de estas armas fueron secuestradas en allanamientos, según consta en la causa.
Las denunciantes describieron episodios de violencia física severa, como mordeduras, quemaduras y asfixias que llegaron hasta el desmayo.
La fiscalía consideró que Silva Muñoz tuvo un rol determinante en la comisión de los hechos: lejos de proteger a otras militantes, habría facilitado los encuentros y presenciado los abusos, alentando a las jóvenes a aceptar las condiciones impuestas por el supuesto “líder”.
Pericias y testimonios consignan además que el hostigamiento continuó cuando algunas víctimas intentaron desvincularse de la organización: recibieron correos intimidatorios desde una cuenta identificada como “Hiraki Seiton” con advertencias sobre peligros sobrenaturales y amenazas de muerte dirigidas a sus familiares si rompían el silencio.
