Nadie —ni el Gobierno, ni las provincias ni los legisladores— discute públicamente los temas centrales de la reforma laboral. El proyecto llegaría al Senado en cinco días, según lo acordado por oficialistas, aliados y dialoguistas. Ese calendario implica un acuerdo sobre gran parte del texto —con cambios poco difundidos— y evidencia que la tensión principal se concentra en el artículo tributario, que prevé una reducción de recursos para las provincias. El resultado es una combinación de confianza en la sanción general e incertidumbre puntual, potenciada por la caída de la recaudación que complica las cuentas nacionales y provinciales. En general, las cuestiones de fondo reciben poca atención.
Hay muchas especulaciones sobre la propuesta de reducción de Ganancias para empresas: en conversaciones entre gobernadores y con distintos operadores se barajan alternativas y también la posibilidad de que ese punto finalmente se caiga. Para el Gobierno la aprobación constituye sobre todo un mensaje político más que un efecto inmediato de política pública. La pregunta es hasta qué punto esa necesidad política podría llevar a concesiones que cierto sector interpretaría como un triunfo de los jefes provinciales.
Un antecedente cercano es la sanción del Presupuesto 2026: aunque el Ejecutivo celebró la aprobación, internamente se lamentó la pérdida de capítulos que implicaban el fin de leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario. Hay quien sostiene que Milei no estaría dispuesto a aceptar una baja de Ganancias dentro del paquete laboral.
Desde la perspectiva oficial, el recorte de Ganancias se interpreta más como un mensaje político al sector empresario que como una medida tributaria inmediata. Gobernadores y algunos interlocutores con referentes del oficialismo propusieron opciones como postergar, escalonar o condicionar la baja a un incremento de la recaudación que, según el Gobierno, generaría la propia ley. También circuló la hipótesis de que Economía preferiría eliminar directamente ese artículo del proyecto.
La recaudación viene cayendo de forma sostenida desde hace seis meses por varios factores, entre ellos la merma del consumo según el rubro. En términos reales el descenso comenzó en agosto y superó los 7 puntos en enero, lo que impacta en la relación con las provincias: las transferencias generales bajaron notablemente y la coparticipación se contrajo alrededor de 8 puntos en enero.
Esos números, reconocidos incluso por la Oficina de Respuesta Oficial, condicionan la negociación sobre la reforma laboral. Según gobernadores con buen diálogo con el Ejecutivo, esto genera una doble señal oficialista: por un lado la necesidad de sostener el discurso de no permitir cambios sustanciales para asegurar la aprobación en el Senado; por otro, una limitación fiscal real que reduce el margen para sacrificar recaudación.
Además hay un componente político y comunicacional: avanzar con la iniciativa sin un debate amplio dejó fuera de la agenda pública las modificaciones laborales. Al mismo tiempo, el foco público y mediático pasó a ser el artículo tributario y los roces con las provincias. La resolución de ese punto puede opacar el resto de la reforma y, si el Gobierno cede, podría dejar una sensación negativa para la gestión.
El texto original incluía puntos que generaron rechazo entre los sindicatos y fueron anticipados como posibles litigios. Habrá que ver en el recinto si las modificaciones acordadas entre el oficialismo y la oposición dialoguista, con negociaciones sobre aspectos no monetarios, moderaron los elementos más polémicos.
Se adelantó que podría haber diferencias de trato entre pymes y grandes empresas, por ejemplo en un fondo para indemnizaciones que implicaría redirigir aportes patronales hacia ese mecanismo en lugar del sistema previsional. Los jefes sindicales cuestionan varios aspectos y advierten sobre eventuales demandas judiciales, que en última instancia podrían llegar a la Corte Suprema y tendrán un alcance político según el grado de consenso.
El oficialismo sostuvo la necesidad de adaptar la ley a los cambios en el mundo del trabajo y buscó capitalizar el descrédito de buena parte de la dirigencia gremial, aunque no se hable seriamente de una reforma sindical que contribuiría a modificar ese cuadro.
En el Senado se terminarán de conocer los alcances de los artículos que contienen los ejes de la reforma —convenios, banco de horas, vacaciones, servicios esenciales, entre otros—, pero por ahora todo está eclipsado por la disputa sobre los fondos con las provincias.
