El Ministerio de Salud de Australia declaró una emergencia ante el aumento del uso de bicicletas eléctricas y del número de accidentes graves y víctimas, especialmente entre adolescentes. Las autoridades alertan sobre la proliferación de unidades ilegales en las principales ciudades y la falta de controles técnicos, mientras comercios y centros educativos buscan respuestas para afrontar el fenómeno.
Según The Guardian, en Nueva Gales del Sur se registraron 226 heridos en 2024 y 233 en los primeros siete meses de 2025, además de cuatro fallecimientos. En Queensland las cifras preliminares indican 239 incidentes y cuatro muertes en el mismo periodo. Las autoridades reconocen que el total real podría ser mayor por el subregistro de episodios menos graves.
El aumento de siniestros abrió un debate nacional sobre si prohibir estas bicicletas, endurecer su regulación o reforzar la educación vial. Registros policiales y asociaciones ciclistas señalan que, aunque las bicicletas eléctricas han mejorado la movilidad y tienen beneficios ambientales, el contexto actual presenta consecuencias preocupantes.
El ministro de Salud, Mark Butler, calificó estos vehículos como “una verdadera amenaza en la vía pública” y subrayó la urgencia de frenar su entrada al país, otorgando a la policía facultades para retirarlas y destruirlas cuando no cumplan la normativa.
Su uso creció tras la flexibilización de las normas de importación en 2021, que permitió la llegada de modelos con motores más potentes y aceleradores sin restricciones. Ben Boucher, un estudiante de 16 años, dijo que la bicicleta eléctrica le da independencia y facilita su traslado al colegio: “Simplemente es más fácil moverse”.
No obstante, existen riesgos: muchos menores desconocen las normas de circulación. Max, de 15 años, contó que en clases de educación vial aprendió la importancia del casco, pero mostró preocupación porque numerosos compañeros y sus familias ignoran que algunas bicicletas pueden alcanzar más de 50 km/h.
En 2025 el gobierno federal fijó una potencia máxima de 250 vatios y un límite de velocidad de 25 km/h. Sin embargo, comerciantes y expertos afirman que muchos modelos eluden los controles oficiales.
Nueva Gales del Sur, que anteriormente permitía motores de hasta 500 vatios, tuvo que ajustarse a los límites nacionales. Aun así, los usuarios pueden modificar técnicamente sus bicicletas para superar las velocidades permitidas.
El debate saltó a la política. Butler advirtió que si bien los niños siempre han tenido conductas imprudentes con las bicicletas, las lesiones actuales son mucho más graves. El primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, reconoció que los gobiernos intentan “cerrar la puerta del establo” cuando el problema ya se ha extendido.
La líder opositora Natalie Ward pidió retirar las bicicletas eléctricas de las calles y alertó sobre la aparición de agrupaciones juveniles descritas en medios como “ebikie gangs”. Estas posturas reflejan la falta de consenso sobre la gestión de lo que algunos consideran una emergencia de salud pública.
El fenómeno también afectó al comercio. Francisco Furman, propietario de Manly Bikes en Sídney, dijo a The Guardian que tras la muerte de un usuario en diciembre las ventas cayeron en una temporada normalmente activa: muchas reservas se cancelaron y el negocio se vio perjudicado. Por prudencia, redujo su inventario ante la incertidumbre regulatoria.
Otros comerciantes, como Tadana Maruta, dueño de la tienda Pedl, sostienen que las nuevas restricciones no resolverán por sí solas el problema, porque muchas bicicletas pueden modificarse para exceder los límites legales.
Además, persiste la venta de modelos ilegales para uso privado que superan los 25 km/h o carecen de pedales, y muchos compradores los utilizan en vías públicas. “Con un adolescente ingenioso es suficiente para alterar una bicicleta”, señaló.
La policía australiana intensificó operativos contra bicicletas eléctricas y motos ilegales. En una inspección en Melbourne en agosto, más de la mitad de los vehículos incautados no cumplían la normativa vigente. El comisionado adjunto de la policía de Victoria, Glenn Weir, afirmó que existe “una falta clara de comprensión, o un desinterés evidente, por cumplir la ley”.
Asimismo, los llamados rideouts —encuentros de adolescentes organizados por redes sociales— están sujetos a nuevas restricciones. En Sídney y Melbourne estas reuniones han convocado a cientos de jóvenes y generado quejas de vecinos y autoridades.
Como alternativas se proponen intensificar los operativos policiales y ampliar la educación vial. Bicycle NSW, la principal organización ciclista de Nueva Gales del Sur, impulsa un programa piloto de formación en escuelas con la intención de extenderlo a todo el estado.
La entidad afirma que la intervención policial debe ser el último recurso y promueve informar a adolescentes, padres y comerciantes sobre la normativa vigente. Paralelamente, colectivos como Bike Life Australia colaboran con la policía para organizar salidas legales y prevenir incidentes.
El desafío de conciliar la movilidad sostenible con la seguridad pública sigue abierto en Australia. Para muchos comerciantes, la adopción de bicicletas eléctricas ya es irreversible y sus efectos, tanto positivos como negativos, forman parte de la dinámica urbana del país.
