El Ministerio de Salud de Australia declaró una emergencia por el aumento de accidentes y muertes relacionados con las bicicletas eléctricas, especialmente entre adolescentes. Las autoridades alertan sobre la proliferación de unidades ilegales en las ciudades y la falta de controles técnicos, mientras comerciantes y centros educativos buscan medidas para abordar la situación.
Según The Guardian, en Nueva Gales del Sur se registraron 226 lesionados en 2024 y 233 en los primeros siete meses de 2025, además de cuatro fallecidos. En Queensland, las cifras preliminares indican 239 siniestros y cuatro muertes en el mismo periodo. Las autoridades advierten que los números reales podrían ser mayores por el subregistro de incidentes menores.
El aumento de siniestros abrió un debate público sobre si conviene prohibir estos vehículos, endurecer la regulación o reforzar la educación vial. Registros policiales y asociaciones de ciclistas reconocen que, aunque las bicicletas eléctricas han mejorado la movilidad y tienen beneficios ambientales, su uso actual plantea riesgos relevantes.
El ministro de Salud, Mark Butler, calificó a las bicicletas eléctricas como “una verdadera amenaza en la vía pública” y respaldó medidas para detener la entrada de unidades no conformes, otorgando a la policía facultades para retirarlas y destruirlas cuando corresponda.
El crecimiento del uso se aceleró tras la relajación de normas de importación en 2021, que permitió la llegada de modelos con motores más potentes y aceleradores sin restricciones. Ben Boucher, un estudiante de 16 años, dijo que la bicicleta eléctrica le da independencia y facilita su trayecto escolar: “Simplemente es más fácil moverse”.
No obstante, también hay preocupación por la falta de conocimiento de las normas entre menores. Max, estudiante de 15 años, comentó que en educación vial aprendió la importancia del casco, pero señaló que muchos compañeros y sus familias desconocen que algunos modelos pueden superar los 50 km/h.
En 2025 el gobierno federal estableció una potencia máxima de 250 vatios y un límite de velocidad de 25 km/h para las bicicletas eléctricas. Sin embargo, comerciantes y expertos aseguran que numerosos modelos eluden los controles oficiales.
Nueva Gales del Sur, que antes permitía motores de hasta 500 vatios, debió alinearse con los límites nacionales. Aun así, usuarios pueden modificar técnicamente sus bicicletas para alcanzar velocidades superiores.
El tema alcanzó la arena política. Butler señaló que, aunque los niños siempre han tomado riesgos con bicicletas, ahora las lesiones son mucho más graves. El primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, reconoció que los gobiernos intentan cerrar la puerta después de que el problema se ha desbordado.
La líder opositora Natalie Ward pidió “sacar las bicicletas eléctricas de las calles” y advirtió sobre la aparición de agrupaciones juveniles descritas en algunos medios como “ebikie gangs”. Estas posiciones reflejan diferencias sobre cómo gestionar lo que se considera una potencial emergencia de salud pública.
El fenómeno también impactó al comercio. Francisco Furman, propietario de Manly Bikes en Sídney, contó que tras la muerte de un usuario en diciembre las ventas cayeron en una temporada que suele ser activa: “Tuvimos muchas cancelaciones, lo que afecta gravemente nuestro negocio”. Redujo además su inventario ante la incertidumbre regulatoria.
Otros comerciantes, como Tadana Maruta, de la tienda Pedl, opinan que las restricciones por sí solas no bastarán, porque muchas bicicletas pueden modificarse para superar los límites legales.
Maruta agregó que sigue existiendo venta de modelos ilegales para uso privado —que exceden los 25 km/h o carecen de pedales— y que muchos compradores los usan en la vía pública. “Todo lo que se necesita es un adolescente ingenioso, y siempre hay uno capaz de hacerlo”, afirmó.
La policía australiana intensificó los operativos contra bicicletas eléctricas y motocicletas ilegales. En una inspección en Melbourne en agosto, más de la mitad de los vehículos confiscados no cumplían la normativa. El comisionado adjunto de la policía de Victoria, Glenn Weir, señaló que hay “una falta clara de comprensión, o un desinterés evidente, por cumplir la ley”.
Los denominados rideouts —encuentros de ciclistas adolescentes organizados por redes sociales— también están sujetos a nuevas restricciones. En Sídney y Melbourne, estas concentraciones han reunido a cientos de jóvenes y generado quejas de residentes y autoridades.
Entre las alternativas se plantean reforzar los controles policiales y ampliar la educación vial. Bicycle NSW impulsa un programa piloto de formación en escuelas con la intención de llevarlo a todo el estado.
Esa organización sostiene que la intervención policial debe ser el último recurso y promueve informar a adolescentes, padres y comerciantes sobre la normativa. Colectivos como Bike Life Australia colaboran con la policía para organizar salidas legales y prevenir incidentes.
El desafío de conciliar la movilidad sostenible con la seguridad pública sigue abierto en Australia. Para muchos comerciantes, la adopción de bicicletas eléctricas ya es irreversible y sus efectos, positivos y negativos, forman parte de la dinámica urbana del país.
