El Gobierno reglamentó la Ley de Inocencia Fiscal, cuya actualización masiva del monto de las multas había generado preocupación, sobre todo entre pequeñas y medianas empresas. En los últimos meses, esa modificación —con aumentos de hasta 100.000% en algunas sanciones automáticas— provocó inquietud por su posible impacto en la actividad cotidiana de las pymes.
La puesta en marcha del Capítulo III del título II de la Ley 27.799 se formalizó esta madrugada mediante el decreto 93/2026, publicado en el Boletín Oficial.
Ante la situación de las pymes, el Gobierno ordenó eliminar la automatización en la emisión de intimaciones para los contribuyentes considerados no relevantes para la recaudación nacional. La medida busca modificar los procedimientos sancionatorios y atenuar el efecto de las multas sobre empresas de menor tamaño, otorgándoles un trato diferencial.
En lugar de enviar intimaciones automáticas a todos los contribuyentes, cada caso será analizado individualmente. Las pymes quedarán, en general, excluidas del sistema automático y podrán corregir errores antes de recibir una sanción formal. Esta diferenciación administrativa pretende evitar que las mismas reglas aplicadas a grandes contribuyentes perjudiquen a actores económicos más pequeños.
Como reemplazo de las intimaciones automáticas, se enviarán avisos o recordatorios que permitan al contribuyente regularizar su situación antes de iniciarse la instrucción del sumario para aplicar una multa.
Según explicaron las autoridades, este mecanismo prioriza la regularización voluntaria y busca equilibrar la fiscalización con la protección de la actividad económica de las pymes.
Además, las pymes quedarán exentas de sanciones si presentan la declaración jurada y pagan el tributo en tiempo y forma o si adhieren a un régimen de facilidades de pago. Las pequeñas empresas que detecten errores podrán rectificar sus declaraciones dentro de un plazo; si lo hacen antes de que ARCA identifique la diferencia, dicha corrección no se considerará una “discrepancia significativa” y no implicará la pérdida de la presunción de exactitud.
El acuerdo alcanzado en el marco de la Ley de Inocencia Fiscal pretende proteger a las pymes sin sacrificar la capacidad del Estado para controlar y fiscalizar. La instrucción de no automatizar la emisión de multas para contribuyentes menos relevantes pretende mantener un equilibrio entre la recaudación y la protección del empleo y la producción, aplicando criterios de razonabilidad para evitar que la automatización genere injusticias o agrave la situación de los sectores más vulnerables.
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Operaciones con los dólares del colchón y la situación de los monotributistas
El Ejecutivo también detalló los pasos para incorporar al circuito formal los dólares que se mantienen fuera del sistema bancario y explicó los incentivos vinculados al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG). La iniciativa apunta a canalizar hacia el sistema financiero los alrededor de USD 170 mil millones que, según estimaciones oficiales, están fuera del circuito formal, una cifra cercana al triple de los depósitos privados registrados actualmente.
Las autoridades esperan que la reglamentación fortalezca el crédito y contribuya a la reactivación económica. El decreto elevó, además, los umbrales penales vinculados a la evasión fiscal: el mínimo para que una evasión simple sea considerada delito pasó de $1,5 millones a $100 millones. Las causas previas a la publicación del decreto pueden solicitar la aplicación de la norma penal más benigna, siempre que la misma esté vigente en el Boletín Oficial. El nuevo umbral se ajustará anualmente siguiendo un método específico.
En lo operativo, el decreto exige que los dólares guardados fuera del sistema sean “bancarizados”, es decir, incorporados al sistema financiero nacional. Esa bancarización podrá efectuarse tanto en el origen como en el destino de los fondos.
Desde ARCA señalaron que los contribuyentes podrán optar por depositar los dólares en su cuenta bancaria antes de transferirlos o bien girar el dinero directamente a otra persona, siempre que el circuito resulte trazable.
La exigencia de trazabilidad responde a recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y del Fondo Monetario Internacional (FMI), que consideran que la identificación del origen y destino de los fondos reduce riesgos asociados al lavado de activos y a la financiación del terrorismo.
El volumen del ahorro informal fue mencionado por el ministro Caputo, quien estimó en USD 170 mil millones los fondos fuera del sistema, frente a USD 67 mil millones en depósitos privados, y sostuvo que incorporar una parte significativa de ese monto al sistema financiero tendría efectos positivos sobre la economía.
Para adherir al RSG, la normativa exige tener ingresos anuales inferiores a $1.000 millones, un patrimonio menor a $10.000 millones y no estar calificado como gran contribuyente. Solo se computan ingresos propios, sin considerar los percibidos como intermediario. Entre los beneficios del régimen figuran la presunción de exactitud, el efecto liberatorio del pago y reglas sobre cuándo aplica la figura de discrepancia significativa.
El impacto en los monotributistas es particularmente relevante: quienes quieran ingresar dólares al sistema deberán inscribirse previamente en el RSG; de lo contrario, podrán quedar sujetos a controles fiscales. Fuentes oficiales señalaron que los pequeños contribuyentes deberán evaluar si regularizar sus dólares y afrontar una mayor carga tributaria o mantenerlos fuera del sistema y asumir el riesgo de ser investigados. Las autoridades esperan que la mayoría opte por la regularización.
Queda por confirmar si los lineamientos satisfacen las expectativas de las entidades bancarias privadas y si la Unidad de Información Financiera (UIF) emitirá instrucciones adicionales, en un momento en que su dirección atraviesa una transición. En los próximos días, ARCA prevé publicar nuevas resoluciones generales para ajustar y precisar el régimen en funcionamiento.
