El especialista en seguridad pública y geopolítica Ricardo Ferrer Picado dijo que los internos mantienen acceso a entornos virtuales que facilitan ciberestafas, extorsiones y la coordinación de actividades criminales, con efectos directos en la seguridad de la provincia de Buenos Aires.
Ferrer Picado explicó que durante la pandemia se habilitaron comunicaciones virtuales para suplir la ausencia de visitas, y que esas medidas excepcionales no se revirtieron al cesar la emergencia. Según su diagnóstico, esa continuidad creó un privilegio que permite a detenidos permanecer conectados con redes delictivas, lo que dificulta su reinserción y favorece el funcionamiento de organizaciones criminales desde las unidades penitenciarias. Entre los delitos que se coordinan desde las cárceles mencionó ciberestafas, operaciones con criptomonedas, engaños por WhatsApp, llamadas extorsivas y fraudes especialmente dirigidos a adultos mayores. Señaló además que casos recientes, como la investigación sobre un guardia de Olivos con supuestos vínculos con estructuras manejadas desde prisión, deberían impulsar reformas en el sistema penitenciario bonaerense. Ferrer Picado instó al gobierno provincial y a las autoridades judiciales y penales a intervenir para limitar estas comunicaciones y evitar que las cárceles sigan siendo plataformas desde las que se generan víctimas en la calle.
