El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el miércoles restricciones de visado contra 18 funcionarios iraníes por su presunta responsabilidad en graves violaciones de derechos humanos durante la represión de las protestas antigubernamentales que comenzaron a fines de 2025. Las medidas se adoptan en medio de negociaciones nucleares indirectas entre Washington y Teherán, y de un despliegue militar estadounidense sin precedentes en el Golfo Pérsico.
El portavoz adjunto del Departamento de Estado, Thomas Pigott, señaló que Estados Unidos seguirá empleando “todas las herramientas” disponibles para promover la rendición de cuentas por abusos cometidos por funcionarios del régimen iraní. Con esta ronda, asciende a 58 el número de personas sancionadas bajo esta política específica de responsabilidad por violaciones de derechos humanos.
Las restricciones se dirigen a autoridades a las que se acusa de vulnerar derechos a la libertad de expresión y de reunión durante las protestas iniciadas el 28 de diciembre de 2025 en Teherán. La represión ha sido descrita como la más letal en la historia de la República Islámica desde 1979: la agencia Human Rights Activists News Agency documentó hasta el 5 de febrero más de 6.900 muertes confirmadas, mientras que estimaciones independientes sitúan la cifra por encima de los 30.000 fallecidos.
El régimen iraní impuso casi un apagón total de Internet durante varios días a partir del 8 de enero, lo que, según el Departamento de Estado, limitó severamente la capacidad de documentar abusos. Amnistía Internacional calificó la represión como una “masacre de manifestantes” y afirmó que el corte de comunicaciones dificultó la visibilización de posibles crímenes de lesa humanidad.
Las sanciones se anunciaron mientras Estados Unidos y Teherán celebraban conversaciones indirectas en Ginebra mediadas por Omán. El martes 17 de febrero tuvo lugar la segunda ronda sobre el programa nuclear iraní. El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, declaró que se habían acordado “líneas generales” para un posible acuerdo, aunque persisten diferencias: Irán exige el levantamiento de sanciones económicas y Washington busca abordar, además del uranio, asuntos como los misiles balísticos y el apoyo iraní a grupos armados regionales.
El contexto militar intensifica la presión diplomática. A finales de enero Estados Unidos desplegó el portaviones USS Abraham Lincoln en el Golfo Pérsico acompañado por tres destructores, unas 90 aeronaves y alrededor de 5.700 tripulantes. El 14 de febrero se confirmó el envío del USS Gerald R. Ford, el mayor portaaviones del mundo; la presencia simultánea de ambos buques, poco habitual, sugiere una señal de presión militar directa.
Imágenes satelitales verificadas situaron al Abraham Lincoln a unos 700 kilómetros de las costas iraníes el 16 de febrero. En respuesta a los movimientos navales, Irán llevó a cabo maniobras militares en el estrecho de Ormuz y cerró temporalmente ese paso estratégico, por el que circula aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial.
El líder supremo iraní, Ali Khamenei, advirtió que Washington “no logrará” destruir Irán y amenazó con hundir buques de guerra estadounidenses. Por su parte, el expresidente Donald Trump reiteró su disposición a emplear la fuerza militar para limitar el programa nuclear iraní y mencionó la posibilidad de un cambio de régimen en Teherán.
Las protestas surgieron en un contexto de crisis económica: la inflación alcanzó el 42% en diciembre de 2025 y el rial se devaluó más del 40% desde el conflicto de doce días con Israel en junio. Lo que comenzaron como movilizaciones por motivos económicos derivó en un movimiento con demandas políticas que incluyen el fin del régimen. Pigott reafirmó el apoyo de Washington a la población iraní y su derecho a la libertad de expresión. El Parlamento Europeo condenó la represión el 22 de enero y exigió el cese de la violencia, y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos calificó de “extremadamente preocupantes” las amenazas de ejecutar manifestantes.
