Human Rights Watch (HRW) informó este jueves que 40 personas de etnia uigur, deportadas de Tailandia a China hace casi un año, están en “paradero desconocido” después de que Bangkok suspendiera en junio las visitas periódicas que había prometido realizar.
Las autoridades tailandesas deportaron el 27 de febrero de 2025 a 40 uigures que habían vivido en Tailandia durante aproximadamente una década, en virtud de un acuerdo con China; la medida fue cuestionada por Naciones Unidas y por organizaciones de derechos humanos.
HRW recordó que los deportados fueron subidos a camiones con las ventanillas oscurecidas y devueltos por la fuerza a China, y advirtió que Pekín se negó a informar sobre su destino o ubicación, lo que la ONG considera una desaparición forzada según el derecho internacional.
La organización explicó que Tailandia dejó de realizar en junio las audiencias periódicas destinadas a verificar el bienestar de las personas retornadas; esas visitas iban a efectuarse en Xinjiang, la región de origen, donde el acceso de la prensa internacional está muy restringido.
La última visita oficial anunciada por Bangkok tuvo lugar en marzo, cuando una delegación liderada por los entonces ministros de Defensa y Justicia se reunió con 14 de los deportados.
La deportación se produjo en un contexto en el que Tailandia buscaba mejorar sus relaciones con China, tras tensiones derivadas de la proliferación de centros de estafa en la frontera con Myanmar, que perjudicaron el turismo chino, un sector clave para la economía tailandesa.
HRW señaló que las autoridades presentaron los retornos como “reunificaciones familiares”, pero los familiares en el exterior no han tenido noticias desde la deportación y no se permitió el acceso de observadores independientes ni de expertos de la ONU.
En la última década, países como Egipto, Camboya, Malasia, Marruecos, Arabia Saudita, Tayikistán y Turquía también han deportado a uigures, según HRW, que exige a los gobiernos y al Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) que reconozcan su condición de refugiados.
Varias organizaciones acusan al régimen de Xi Jinping de detener a miles de uigures en centros de “reeducación” en Xinjiang; por su parte, Pekín responsabiliza a grupos independentistas uigures de ataques en su territorio.
Además, Naciones Unidas ha advertido sobre el riesgo de asimilación cultural forzada de niños uigures y otras minorías musulmanas del noroeste de China, en un contexto que varias ONG describen como un intento de “genocidio cultural”.
HRW denunció el 4 de febrero que las autoridades chinas niegan de forma sistemática las libertades de expresión y asociación, y persiguen a críticos del Gobierno y del Partido Comunista mediante censura y medidas legales.
La organización también apunta que Pekín ejerce un control estricto sobre la libertad religiosa, limitando el ejercicio oficial a cinco credos reconocidos y reprimiendo a comunidades no registradas, como congregaciones católicas y protestantes que rechazan integrarse en instituciones controladas por el Estado.
HRW añade que persiste la discriminación hacia mujeres y niñas, en un contexto en el que las autoridades intensifican la presión para promover modelos familiares tradicionales ante la caída de la natalidad.
(Con información de EFE)
