La Cámara de Diputados de Uruguay aprobó la Ley de Lavado de Activos, impulsada por el gobierno de Yamandú Orsi. Una de las principales novedades es la reducción del tope para transacciones en efectivo, que baja de USD 160.000 a USD 33.000, revirtiendo un cambio que había sido introducido por la ley de urgente consideración (LUC) del gobierno de Luis Lacalle Pou.
El oficialismo no cuenta con mayoría en Diputados y debió buscar apoyos fuera de su bloque. Logró respaldo para la reducción del tope, pero no tuvo éxito en otras propuestas del Ejecutivo, como la eliminación de la fiscalía especializada en lavado de activos.
Cecilia Cairo, diputada del Frente Amplio, afirmó que se pasó de un monto muy bajo a uno mucho mayor —mencionó USD 100.000— y señaló que no es común llevar esa suma en efectivo; advirtió además que cantidades elevadas facilitan el lavado mediante la compra de inmuebles o comercios.
Walter Verri, diputado del Partido Colorado y uno de los opositores que apoyó la iniciativa del gobierno, indicó que no es lo mismo portar USD 45.000 o USD 50.000 en una valija que blanquear casi USD 200.000, y expresó su preocupación por la tentación de usar montos elevados para el blanqueo.
Los límites se establecen en unidades indexadas, un indicador que ajusta por la inflación local, por lo que la conversión a dólares es aproximada y sirve solo como referencia estimativa.
El gobierno remitió el proyecto al Parlamento a mediados del año pasado y el presidente Orsi pidió acelerar su tratamiento tras el atentado contra la residencia de la fiscal general Mónica Ferrero, según recordó la crónica de El Observador.
El texto aprobado por Diputados modifica más de 30 artículos de la ley integral contra el lavado de activos aprobada en 2017, durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez. Parte de los cambios responden a la necesidad de adaptar la redacción a los conceptos del nuevo Código del Proceso Penal.
Además, el proyecto incorpora nuevos delitos como precedentes del lavado de activos: entre ellos, delitos ambientales relacionados con la introducción de desechos tóxicos, fraudes en entidades del sistema financiero nacional y ciberdelitos cuando su monto real o estimado supere los USD 16.000.
La reducción del límite del uso de efectivo fue uno de los puntos más controvertidos. Quienes se opusieron argumentaron que la LUC había sido ratificada en un referéndum, y criticaron al gobierno por no respetar la decisión expresada por la ciudadanía en las urnas.
Al inicio de la jornada había incertidumbre sobre si se lograría eliminar la fiscalía especializada en lavado. Esa propuesta contó con amplio respaldo en el Senado, pero en Diputados fue rechazada por el Partido Nacional, Cabildo Abierto y el Partido Independiente. El Partido Colorado, que en el Senado había apoyado la eliminación, cambió su posición y votó en contra en Diputados.
Pablo Abdala, diputado del Partido Nacional, sostuvo que suprimir o transformar la fiscalía implicaría un retroceso, y calificó como auspicioso y saludable el camino iniciado en el período anterior, argumento con el que justificó su voto.
