Es importante considerar con cuidado la lógica detrás de una operación militar conjunta entre Estados Unidos e Israel contra Irán, y evitar conclusiones apresuradas por parte de funcionarios, medios o analistas.
Desde la perspectiva estadounidense, Rusia y China suelen percibirse como las principales amenazas debido al legado estratégico de la Guerra Fría. No obstante, esa visión puede subestimar otra categoría de riesgo: actores islamistas que emplean tácticas asimétricas y que también pueden representar amenazas significativas.
Han pasado casi veinticinco años desde los atentados del 11 de septiembre, pero el transcurso del tiempo no implica necesariamente que la amenaza haya desaparecido.
Irán sigue avanzando en su programa nuclear civil y en el enriquecimiento de uranio, desarrolla misiles con alcance regional y apoya grupos que emplean guerra asimétrica.
El uso de Hezbollah por parte de Irán en ataques contra objetivos occidentales en décadas pasadas, incluidos incidentes en Beirut y atentados en Buenos Aires, influyó en la evolución de tácticas terroristas que luego adoptaron otros grupos.
Los atentados del 11 de septiembre se inscriben en una trayectoria más amplia de acciones terroristas con víctimas masivas que se consolidó en los años ochenta y noventa. Tanto grupos suníes como chiíes han mostrado en ocasiones inspiración mutua y, en ciertos contextos, cooperación estratégica cuando sus objetivos coinciden contra Estados Unidos, occidente o Israel.
Tras el 11 de septiembre, algunos líderes de Al Qaeda encontraron refugio temporal en Irán antes de desplazarse a otras zonas; además, Teherán ha mantenido vínculos con movimientos suníes como Hamas y la Yihad Islámica Palestina, lo que le permite proyectarse como actor islamista regional más allá de la sola dimensión chií.
Aunque la división entre suníes y chiíes es real, la competencia política y estratégica del islam en distintos países ha demostrado en ocasiones tener más peso que las diferencias sectarias.
En el pasado hubo acercamientos entre el Irán revolucionario y gobiernos o movimientos suníes, y más recientemente Turquía e Irán han ampliado áreas de cooperación pese a discrepancias sobre Siria, lo que ilustra la complejidad de las alianzas regionales.
Irán también ha extendido su actividad a Europa: autoridades han atribuido a operativos iraníes el uso de redes criminales para actos de vigilancia y complots, con casos registrados en Reino Unido, Alemania y Francia.
En América Latina, Teherán ha buscado alianzas con gobiernos de la izquierda radical —como Venezuela, Nicaragua, Cuba y Bolivia— que pueden ofrecerle presencia geoestratégica más cercana al territorio estadounidense.
Existen informes que señalan instalaciones en Venezuela dedicadas al ensamblaje de drones de diseño iraní y cooperación militar prolongada entre Caracas y Teherán. Según el ex vicepresidente colombiano Francisco Santos, Irán también habría brindado asistencia logística y formación en misiles y drones a personal venezolano y a grupos armados en la región.
El progreso iraní en misiles y vehículos aéreos no tripulados plantea la posibilidad de que en el futuro esos sistemas puedan operar desde bases fuera de Medio Oriente, lo que aumentaría los riesgos estratégicos para Estados Unidos.
Además, Hezbollah ha desarrollado conexiones con redes criminales en América Latina vinculadas al narcotráfico, el contrabando y el lavado de dinero, lo que refuerza la presencia regional de actores alineados con Irán.
El proyecto Cassandra de la DEA documentó vínculos entre las finanzas de Hezbollah y carteles sudamericanos, mostrando cómo operativos asociados al grupo facilitaron rutas de cocaína hacia Europa y Estados Unidos.
Esos nexos entre organizaciones políticas y criminales contribuyen a la inseguridad regional y aumentan la posibilidad de que redes criminales sean explotadas para acciones contra objetivos estadounidenses o de sus aliados.
Ante este historial y la dispersión de capacidades iraníes y de sus aliados, resulta difícil sostener que no existe un riesgo significativo que justifique medidas defensivas. El derecho internacional reconoce el derecho a la legítima defensa, aunque las acciones preventivas siguen siendo motivo de debate. La pregunta central es si conviene esperar una tragedia de gran escala antes de responder a amenazas persistentes.
