Durante una inspección realizada en un taller de San Vicente, las fuerzas intervinientes hallaron vehículos, motores y autopartes que presentaban pedidos de secuestro vigentes o numeraciones suprimidas. Los hallazgos motivaron medidas judiciales y la intervención de la fiscalía local.
La causa fue caratulada por la fiscalía como encubrimiento agravado por ánimo de lucro, estafa y defraudación. Además, se imputaron la infracción del artículo 289 del Código Penal —relativo a la supresión o modificación de numeración de chasis y motores— y la violación de la Ley 25.761, que sanciona el desarme y la comercialización ilegal de autopartes. También se investigan incumplimientos a la Ley 13.081, que regula el comercio de automotores. Estas calificaciones responden a la presencia de elementos que impiden identificar correctamente los bienes y a indicios de operaciones comerciales irregulares vinculadas al taller.
Durante el procedimiento los investigadores determinaron que, entre los vehículos desguazados en el lugar, había uno que había sido denunciado anteriormente por el propio aprehendido en la localidad de Burzaco. Este dato, junto con la existencia de numeraciones suprimidas y pedidos de secuestro activos sobre otros bienes, orienta la investigación hacia la identificación del origen de los vehículos y partes incautadas y hacia la posible existencia de una cadena de comercialización ilícita.
Las autoridades anunciaron que la pesquisa continúa con diversas medidas probatorias: secuestro de los elementos encontrados, peritajes técnico-forenses sobre chasis y motores para tratar de reconstruir su identidad original, cotejo de bases de datos de vehículos robados y tramitación de diligencias para establecer la trazabilidad de las autopartes. También se llevan a cabo entrevistas e inspecciones adicionales para esclarecer si el taller funcionaba como punto de acopio o comercialización para terceros.
Los resultados de estos peritajes y diligencias serán incorporados a la investigación para definir la participación de los imputados y eventual imputación de nuevos involucrados. En función de las pruebas que se recaben, la fiscalía podrá requerir medidas cautelares, citaciones a declarar y otras acciones ante el juzgado correspondiente.
En resumen, la intervención en el taller permitió el hallazgo de vehículos y piezas con impedimentos legales para su comercialización y con numeraciones suprimidas, lo que llevó a la apertura de una investigación por delitos vinculados al comercio y la ocultación de automotores. La pesquisa se mantiene activa para determinar el origen de los bienes incautados y el alcance de la supuesta maniobra ilícita.
