Mediante una resolución difundida en el Boletín Oficial, el Gobierno eximió a los productores rurales de presentar habilitaciones municipales o provinciales en determinados trámites ante el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).
Continúa el proceso de desburocratización impulsado por Federico Sturzenegger
Télam
El decreto 90, firmado en febrero del año pasado, promovió un relevamiento normativo para identificar normas vigentes que resulten redundantes, innecesarias o generen costos adicionales al sector productivo, a partir de un análisis de la ley de Administración Financiera y Sistemas de Control de 1992.
Sturzenegger felicitó a Giraudo y valoró la medida del Senasa como una contribución para limitar la intervención municipal. Señaló que, al separar los trámites nacionales de los municipales, se evitan duplicaciones y espacios que pueden propiciar extorsiones, y afirmó que desde el gobierno consideran que reducir trámites favorece la libertad y el progreso.
Duplicidad de trámites y requisitos
La resolución busca evitar la superposición de requisitos que, en la práctica, provoca duplicidad de documentación y la incorporación de condiciones ajenas al Senasa, con los costos y la carga administrativa que ello genera para el Estado y los ciudadanos. Con la firma de Giraudo, la norma también persigue la armonización de criterios frente a la heterogeneidad de los regímenes locales de habilitación. En ese marco, el Senasa simplificó trámites y eliminó la obligación de presentar habilitaciones municipales vinculadas a varios eslabones de la cadena productiva: predios productivos, laboratorios, terminales de carga y proveedores de productos y servicios veterinarios.
El Senasa aclaró que la eximición de habilitaciones municipales no implica una flexibilización de las normas sanitarias ni de las responsabilidades de los participantes de la cadena agroalimentaria. La resolución establece expresamente que la medida no exonera a los administrados del cumplimiento de la normativa nacional, provincial o municipal vigente aplicable a sus actividades, y se limita a suprimir requisitos administrativos y documentales vinculados a competencias locales. Además, subraya que la ley 27.233 de Sanidad Animal y Vegetal es de interés nacional y fija la responsabilidad de los actores de la cadena en garantizar la inocuidad y la calidad de la producción.
María “Pilu” Giraudo, presidenta del Senasa, es una destacada dirigente rural proveniente de varias generaciones de productores del sur de Santa Fe. Posee un posgrado en Agronegocios por la Facultad de Agronomía de la UBA, presidió la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) —de la que su padre fue uno de los fundadores—, integró brevemente el equipo del ministro de Agroindustria Ricardo Buryail durante el gobierno de Mauricio Macri y es cofundadora de la Red de Mujeres Rurales.
