Ocho trabajadores del sector petrolero provenientes de Mendoza fueron detenidos en Salta cuando se dirigían, según las autoridades, a interrumpir por la fuerza el acto inaugural de la Agrupación Azul y Blanca del sindicato de Trabajadores de la Industrialización Privada del Petróleo y Gas de Salta y Jujuy, que tenía lugar en General Güemes. La Policía los interceptó antes de que llegaran al lugar.
El operativo se montó sobre la ruta nacional 9/34, en el acceso al Parque Industrial de General Güemes. Participaron efectivos de Infantería, la Brigada de Investigaciones, personal del Distrito de Prevención número siete —a cargo del comisario general Burgos— y la Dirección General de Seguridad Vial, que cubrieron distintos puntos de ingreso a la ciudad.
La medida fue preventiva y estuvo motivada por una alerta previa: el Ministerio de Seguridad había recibido información sobre un enfrentamiento ocurrido en Metán, también en Salta, lo que justificó controles adicionales.
En el acceso al Parque Industrial fueron retenidas dos camionetas 4×4 con patentes de Mendoza en las que viajaban ocho personas. Fuentes indicaron que esos ocupantes estaban en la ciudad de Salta desde la jornada anterior, por lo que no habían sido detectados en los primeros controles provinciales.
Durante la requisa, realizada el viernes cerca de las 19:30, los agentes encontraron tres armas de fuego —entre ellas pistolas calibre 40 y calibre 9 milímetros, consideradas de guerra— y rifles de aire comprimido de distintos calibres. También secuestraron más de 200 cartuchos, miguelitos, bates de béisbol y cuchillos.
Los ocho detenidos portaban documentación que los habilitaba como usuarios registrados ante ANMaC y RENAR, pero un oficial declaró a Canal Once que esa autorización no justificaba el traslado por rutas salteñas de ese volumen de armamento y municiones en el contexto de la reunión sindical.
Lo que más preocupó a las autoridades fue la identidad de los detenidos: todos forman parte de la Comisión Directiva del Sindicato de Petróleo y Gas de Cuyo, presidido por Gabriel Barroso. Desde la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles (FASiPeGyBio), organizadora del acto, señalaron directamente a Barroso y a Sebastián Barrios, secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas de Salta y Jujuy, como responsables de haber ordenado el envío de esa gente armada.
La misma noche se realizó un segundo procedimiento en la zona de Madre Vieja, sobre la ruta provincial 11 que conecta Güemes con Aguas Calientes, en Jujuy. Allí fue retenido un colectivo con 42 pasajeros; cinco de ellos reconocieron llevar cuchillos y miguelitos.
Fuentes del caso precisaron que los hechos se encuadrarían como contravenciones y no como delitos, tal como ocurrió en el primer procedimiento, donde los portadores contaban con habilitaciones legales para las armas. En total once personas quedaron a disposición de la Justicia. La Fiscalía Penal de General Güemes intervino y formalizó las imputaciones correspondientes.
La FASiPeGyBio difundió un comunicado oficial firmado por su secretario general, Tomás Mario Lavia, en el que denunció a Barrios y a Barroso por “intentar romper dicho acto con toda violencia y ser los responsables de mandar a su gente armados para cumplir con su objetivo”.
El documento agregó que se trata de “un hecho que enluta a la familia de nuestra Federación”, enfatizando que en la historia de la organización no se había vivido una situación similar, y que el episodio se agrava por involucrar a miembros de la Comisión Directiva de un sindicato afiliado.
En declaraciones a Infobae, Lavia calificó lo ocurrido en Salta como un hecho grave: subrayó que no se trató de una disputa gremial ordinaria sino del traslado de personas a un acto sindical con armas y municiones, y remarcó que la intervención rápida de la Policía evitó una posible tragedia.
El dirigente advirtió además que no se deben normalizar prácticas de intimidación o violencia en la vida sindical, y afirmó que los trabajadores necesitan dirigentes que defiendan sus derechos sin poner en riesgo vidas; defendió la democracia sindical mediante la participación y no mediante amenazas.
El acto que intentaron interrumpir era el lanzamiento formal de la Agrupación Azul y Blanca, restringido a trabajadores del gas, refinerías y yacimientos afines. Al evento asistieron alrededor de 250 personas provenientes de Buenos Aires, Santiago del Estero y Chaco. Además, desde el norte de la provincia se acercaba un colectivo con más de 30 personas identificadas como opositoras al acto.
En el comunicado la Federación anunció que convocará a todos sus cuerpos orgánicos para definir las medidas a adoptar y advirtió que el caso no quedará en el olvido: la conducción nacional aseguró que se aplicarán las penalidades correspondientes.
