El grupo huti de Yemen condeno a muerte a 17 personas por cargos de espionaje a favor de potencias extranjeras y dicto penas de diez anos de prision a otras dos; un acusado fue absuelto. El fallo fue anunciado por el Tribunal Penal Especializado de Sana, controlado por los insurgentes, mediante la agencia Saba.
La sentencia, firmada por los jueces Yahya al Mansur y Rabie al Zubair, describe una red que, segun el tribunal, opero entre 2024 y 2025 con apoyo de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, Israel, Reino Unido y Arabia Saudita. El fallo acusa a los procesados de emplear dispositivos de comunicacion cifrada y de instalar camaras ocultas conectadas a sistemas de transmision en directo.
Segun la resolucion, los implicados habrian facilitado informacion sobre la ubicacion de dirigentes huties, sus desplazamientos y posiciones militares sensibles, ademas de datos sobre misiles, depositos de proyectiles y puntos de lanzamiento, a cambio de pagos en efectivo.
Ansar Allah, nombre oficial del movimiento huti, controla Sana y amplias zonas del norte de Yemen desde 2014. En ese periodo su aparato de seguridad ha denunciado repetidamente la existencia de redes de espionaje vinculadas a paises occidentales y a la coalicion liderada por Riad. Reuters informo en junio de 2024 de otras 44 condenas a muerte dictadas por tribunales huties en un caso relacionado con Arabia Saudita.
El sistema judicial bajo control huti ha sido objeto de criticas por parte de organismos internacionales. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha documentado detenciones arbitrarias, torturas y confesiones obtenidas bajo coaccion; en 2019 pidio la revision de varias sentencias de muerte y advirtio sobre “violaciones graves del debido proceso”.
Los huties acusan con frecuencia a organizaciones internacionales de servir de cobertura para labores de inteligencia. En octubre de 2025 la ONU califico de “infundadas” las alegaciones que vinculaban a empleados humanitarios con actividades de espionaje.
Los gobiernos senalados en la causa no emitieron comentarios inmediatos. Washington, Londres y Riad suelen evitar declaraciones publicas sobre procesos en territorios sin reconocimiento internacional, y Israel ha permanecido sin pronunciamiento publico sobre sus operaciones en Yemen pese a las recientes tensiones.
El contexto militar agrava la situacion: desde 2023 los huties han intensificado ataques con drones y misiles en apoyo a la causa palestina y sufren de forma recurrente bombardeos de la coalicion saudi y ataques puntuales atribuidos a Israel. Ese entorno contribuye al aumento de acusaciones de espionaje y a medidas de seguridad interna mas estrictas.
El uso de ejecuciones publicas se integra en la estrategia de control social atribuida a los huties. Informes de Human Rights Watch y Amnistia Internacional documentan un incremento de sentencias capitales en las areas bajo su dominio desde el inicio de la guerra y ponen en duda las garantias procesales, alertando sobre el uso de condenas con fines politicos. La guerra civil en Yemen sigue fragmentando el pais entre multiples centros de poder; las condenas anunciadas en Sana reflejan el alcance del aparato de seguridad huti y su intencion de proyectar autoridad en medio de un conflicto que, segun Naciones Unidas, ha provocado una de las peores crisis humanitarias del mundo.
