Gustavo Petro, candidato del movimiento socialista, llegó a la Presidencia en 2022 ofreciendo un cambio profundo: apartarse de las prácticas de los partidos tradicionales, gestionar con mayor limpieza y avanzar en su propuesta de “Paz Total” para reducir la violencia asociada a bandas criminales y al narcotráfico. Cuatro años después, el país que deja al mandatario y que recibirá su sucesor, Abelardo de la Espriella, muestra importantes desviaciones respecto a esas promesas: la presencia de grupos armados se ha ampliado y la corrupción ha generado múltiples escándalos que marcan su gestión.
El primer gran episodio público ocurrió en febrero de 2024, cuando se reveló que la UNGRD (Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres) presuntamente habría desviado recursos millonarios para compra de apoyos políticos en el Congreso. Desde entonces se han sucedido otros casos que afectan a personas cercanas al presidente y a su gobierno.
Entre las personas vinculadas a investigaciones o cuestionamientos aparecen su exesposa y ex primera dama, Verónica Alcocer, a quien se le atribuyen gastos elevados en efectivo; dos colaboradoras promovidas por Petro sin trayectoria profesional reconocida, Juliana Guerrero y Gabriela Muñoz, señaladas por supuestos beneficios derivados de su cercanía al presidente; y su exnovia, Vanessa Cortés, sobre la que hay denuncias de enriquecimiento desde que Petro llegó al poder. Además, la Fiscalía imputó a Nicolás Petro, su hijo mayor, por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
En el entorno también figuran exfuncionarios como Ricardo Roa, nombrado en su momento al frente de Ecopetrol y procesado por presunto tráfico de influencias e irregularidades vinculadas a la campaña de 2022; y Carlos Ramón González, exguerrillero del M-19 y cercano al presidente, investigado por supuestas órdenes de compra de congresistas con dineros de la UNGRD cuando dirigía el Departamento Administrativo de la Presidencia. González huyó a Nicaragua, lo que le impidió ser detenido como otros ex altos cargos investigados; entre ellos, el expresidente del Senado Iván Name y el ex presidente del Congreso Gabriel Calle, ambos apresados por presuntas coimas para favorecer proyectos afines al Gobierno.
Andrés Briceño, congresista que se ha destacado por su discurso anticorrupción, resume la percepción crítica: la administración que prometía cambiar las prácticas políticas no logró reducir las malas prácticas y, según él, contribuyó a su profundización. Briceño afirma que se desviaron recursos de inversión hacia objetivos políticos, se aumentó la burocracia y no se cumplió la promesa de limitar la influencia familiar en la gestión pública, citando las investigaciones contra allegados del presidente.
Agentes de la policía colombiana registran a varios hombres en el barrio Meléndez, de Cali, este lunes. AFP
Un informe reciente de la Contraloría General de la Nación encendió nuevas alarmas: entre el 22 de junio y el 21 de julio se habrían firmado 14.414 contratos por un valor total de 4,55 billones de pesos (aproximadamente 1.351 millones de euros), muchos adjudicados de forma directa.
Días después, el presidente intentó transferir desde el Ministerio de Hacienda una suma similar a la UNGRD, que cuenta con mecanismos de contratación acelerada por su naturaleza de emergencia. La intención declarada era activar proyectos para mitigar los efectos del fenómeno de El Niño, pero el Consejo de Estado paralizó la operación, que la oposición y sectores críticos consideraban de alto riesgo por la falta de estudios y transparencia.
Simultáneamente, se registraron nombramientos y designaciones de último minuto en ministerios y entidades públicas que la oposición interpretó como maniobras para dificultar la gestión del próximo gobierno.
El crecimiento de los grupos armados es otro punto destacado del balance. Petro había asegurado en campaña que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) dejaría las armas en tres meses, pero las negociaciones y acuerdos que se intentaron no lograron contener la expansión de disidencias de las FARC, del ELN y de los llamados Gaitanistas. Según la Contraloría, la presencia de estos grupos aumentó de 195 municipios en 2019 a 518 en la actualidad.
Las estimaciones sitúan el número total de integrantes en torno a 27.000, con unos 5.000 ingresos en 2025, muchos de ellos menores de edad, lo que constituye el mayor reclutamiento desde 2016. Además, la violencia no ha remitido: solo en julio pasado se registraron 77 homicidios relacionados con masacres.
A las críticas sobre seguridad se suman cuestionamientos al estilo de gobierno: ausencias en actos convocados por la Presidencia, apariciones públicas controvertidas, mensajes polémicos en redes sociales y una alta rotación de ministros —alrededor de 65 durante su mandato, en comparación con 40 del gobierno anterior de Iván Duque—, todo lo cual alimenta la percepción de una gestión errática.
El analista Gabriel Cifuentes, columnista de El Espectador, expresó que la administración mostró incapacidad para la gestión estratégica y dejó al país en una situación de crisis fiscal y con indicadores adversos en seguridad, energía y asuntos sociales. Cifuentes consideró que los escándalos de corrupción y los episodios de abuso de poder han pesado más que los resultados de gobierno.
Cifuentes añadió que la presidencia representó una oportunidad desaprovechada: si bien Petro consiguió articular a un sector de la población históricamente excluido y poner en la agenda reformas sociales, su enfoque en la retórica y la movilización masiva, junto con la influencia de sectores de la izquierda interesados en el control del Estado, limitaron lo que podría haber sido un gobierno de transición con reformas progresistas.
