El juicio por los Cuadernos de las coimas, que se desarrolla por Zoom con las cámaras de los imputados en muchos casos apagadas, se reanudará mañana. Esta semana comienza la lectura de nuevas acusaciones vinculadas a la supuesta cartelización de la obra pública a través de la Cámara Argentina de Empresas Viales, un segmento de la investigación conocido como la “Camarita”.
En este tramo del expediente aparece la expresidenta Cristina Kirchner, a quien el fiscal federal Carlos Stornelli señala como la presunta “destinataria final del dinero”; la acusación le imputa 175 hechos de cohecho pasivo.
También son acusados el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti, el ex gerente de Obras y Servicios Viales y subadministrador general de la DNV Sandro Férgola, y Sergio Passacantando, ex gerente de Administración de la DNV y ex empleado de la financiera Inverness S.A. entre junio de 2003 y junio de 2005.
Integra además la nómina el financista arrepentido Ernesto Clarens, fundador de Inverness.
En la “Camarita” fueron acusados 52 empresarios por cohecho activo; uno de ellos, Juan Chediak, falleció, por lo que quedan 51 empresarios procesados con diferentes grados de participación —autores, coautores o partícipes necesarios— por pago de coimas.
Entre los empresarios procesados figuran Carlos Wagner, Angelo Calcaterra, Hugo Dragonetti, Aldo Roggio y José Cartellone.
Qué se investiga
En este tramo desprendido del caso Cuadernos, la investigación plantea la existencia de una asociación ilícita integrada por funcionarios del Ministerio de Planificación y de Vialidad Nacional que entre 2003 y 2015 habría recaudado fondos ilegales a cambio de direccionar contrataciones en la obra pública civil.
El requerimiento que se leerá en el juicio sostiene que la estructura funcionaba mediante acuerdos previos entre empresas para definir quién resultaría adjudicataria de cada licitación y qué porcentajes debían entregarse a funcionarios públicos.
Las declaraciones como imputados colaboradores de José López, Carlos Wagner y Ernesto Clarens fueron consideradas clave para reconstruir el sistema interno. López afirmó que los pagos se fijaban “según los anticipos financieros” y que el retorno habitual era del 5% sobre esos anticipos o del 3% sobre certificados de obra. Wagner indicó que la obra pública fue “uno de los métodos de recaudación” y describió reuniones privadas entre empresas para designar ganadores. Clarens relató que recibía listados mensuales con obras, presupuestos oficiales, empresas adjudicatarias y porcentajes de sobreprecios, además de aportar documentación que el fiscal consideró esencial para elevar la causa a juicio.
Anotaciones de Centeno
En la audiencia de mañana, martes 2 de diciembre, se completará la lectura de la acusación vinculada a uno de los tramos centrales del caso Cuadernos.
Se pondrá el foco en las anotaciones del remisero arrepentido Oscar Centeno relacionadas con esta parte de la causa; se leerán las descargos de los funcionarios y empresarios acusados, así como la valoración probatoria y la calificación legal contenida en este tercer requerimiento de elevación a juicio.
Posteriormente, se estima que en la audiencia del jueves será el turno de la “Camarita”, el desprendimiento del caso central.
Presencialidad aún como reclamo
La nueva etapa de lectura de requerimientos llega en un proceso que sigue siendo íntegramente virtual.
Los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli no han resuelto aún si la presencialidad volverá a ser la regla, como lo reclamaron sus superiores en la Cámara Federal de Casación y diversos participantes del debate.
La fiscal federal Fabiana León, entre otros, insiste desde la audiencia preparatoria en que un proceso de esta magnitud y relevancia histórica no puede desarrollarse a la distancia.
La fiscalía reclama que las declaraciones indagatorias se tomen de forma presencial. El Tribunal Oral Federal 7 accedió de manera parcial: por ahora esas indagatorias se harán en una sala de audiencias a definir, con los jueces, el acusado citado, su defensa, la fiscalía y la querella presentes físicamente, mientras que el resto de los participantes seguirá conectado a distancia.
Salvo que prospere una oferta de la Cámara de Casación, en cuyo caso las audiencias podrían desde febrero de 2026 realizarse en la sala AMIA de Comodoro Py 2002, con una capacidad para 198 personas.
