Ataque de un pitbull a un niño en Córdoba reaviva el reclamo por una ley nacional
Un nuevo episodio de violencia protagonizado por un perro de raza pitbull contra un menor en la ciudad de Córdoba encendió nuevamente la alarma en la comunidad y reactivó el pedido de una normativa nacional que regule con mayor rigor la tenencia de perros potencialmente peligrosos.
El ataque se produjo en el barrio Los Boulevares, al norte de la capital provincial, mientras el niño jugaba en la calle. Vecinos indicaron que el animal, presuntamente propiedad de un vecino, lo mordió en la cabeza, los brazos y una pierna. El menor fue trasladado de urgencia al Hospital Pediátrico; actualmente está fuera de peligro, aunque con heridas profundas que causaron conmoción en el barrio.
El hecho volvió a poner en el centro del debate la ausencia de una legislación nacional que establezca responsabilidades penales para propietarios negligentes. En ese marco, el diputado nacional Juan Fernando Brügge, autor de un proyecto que propone reformar el Código Penal para sancionar penalmente a dueños de perros de razas consideradas peligrosas cuando sus animales provoquen lesiones graves o muerte, renovó su pedido de intervención del Congreso.
Brügge reclamó la modificación del Código Penal como medida urgente para prevenir nuevas víctimas y responsabilizar a quienes mantienen de forma irresponsable perros de razas como dogos y pitbulls, advirtiendo el riesgo que eso implica, en especial para niños y niñas en la vía pública.
El proyecto del diputado establece penas de tres a seis años de prisión si el ataque provoca la muerte de una persona, y de uno a tres años en casos de lesiones graves. Además, propone un registro nacional obligatorio, identificación mediante microchip o placa, seguro de responsabilidad civil, la obligación de bozal y correa en espacios públicos y medidas de seguridad reforzadas en los domicilios para evitar fugas y ataques.
Brügge señaló que depender únicamente de ordenanzas municipales o leyes provinciales genera un mosaico regulatorio fragmentado, de difícil control y con sanciones poco disuasorias. Según el diputado, esa falta de una norma homogénea explica la repetición de ataques en distintos puntos del país y contribuye a que las tragedias se repitan.
Por eso instó al Congreso a incorporar su proyecto en las comisiones correspondientes, convocar a especialistas y avanzar con rapidez en la sanción de una ley, que consideró una obligación moral y social para evitar nuevas víctimas.
El episodio ocurrido en Córdoba y las lesiones sufridas por un niño que jugaba en la vía pública subrayan que los riesgos son concretos. En un contexto donde los ataques se repiten con frecuencia y en ocasiones con consecuencias fatales, el debate deja de ser si debe existir una ley para pasar a cuestionar por qué aún no se ha implementado una normativa nacional.
