La propuesta del senador Maximiliano Abad de otorgar un plus salarial del 15% a militares con títulos terciarios, universitarios o de posgrado muestra una desconexión con los problemas estructurales que enfrentan las Fuerzas Armadas. La educación es valiosa, pero no puede sustituir el debate sobre las cuestiones centrales del servicio militar.
La vida militar implica obligaciones y sacrificios distintos a los de la vida civil: disponibilidad permanente, disciplina, jerarquía, exclusividad y subordinación. La carrera militar es un servicio público y un compromiso de vida; incentivar económicamente títulos externos, ajenos a la formación castrense, puede generar distorsiones contrarias a esa lógica.
Un incentivo por títulos podría fomentar la doble actividad y debilitar la cohesión profesional: en lugar de concentrarse en la instrucción, el adiestramiento y la especialización militar, algunos efectivos podrían priorizar estudios externos para complementar ingresos. La función exige horas de entrenamiento, doctrina, práctica operativa y actualización tecnológica continuas.
El problema central no son los títulos, sino la precarización salarial y la fuga de personal. Salarios insuficientes, viviendas y servicios deteriorados, carreras impredecibles y la necesidad de tener un segundo empleo explican el éxodo de efectivos formados que no pueden sostener su vocación.
La propuesta surge además en un contexto de desmantelamiento operativo acumulado en las últimas décadas: degradación de sistemas de armas, pérdida de capacidad submarina tras el hundimiento del ARA San Juan, material envejecido y unidades con repuestos y modernización limitados. Si bien la incorporación de F-16 y la planificación de nuevos submarinos marcan un inicio de recuperación, no resuelven por sí solas los problemas estructurales.
Por la extensión territorial, fronteras y recursos, Argentina necesita unas Fuerzas Armadas creíbles, modernas y bien equipadas, con una doctrina orientada a la disuasión y la defensa de recursos estratégicos y soberanía, no a la exhibición de gestos aislados.
En países con fuerzas armadas modernas, los incentivos académicos están integrados en planes estratégicos internos: cursos, especializaciones y capacitaciones técnicas concebidas como parte de la carrera militar, no como recompensas individuales desconectadas de la misión de defensa.
La modernización requiere entrenamiento permanente, actualización tecnológica, doctrina, una estructura salarial sólida, capacidad operativa real, equipamiento funcional y un Estado que entienda la defensa como política de Estado. Ninguno de estos elementos se resuelve con un plus por títulos externos.
El proyecto del senador refleja un patrón recurrente: priorizar medidas simbólicas o de bajo costo fiscal frente a reformas profundas. Medidas presentadas como “reconocimiento” pueden enmascarar la falta de políticas destinadas a salarios dignos, condiciones de vida estables, equipamiento moderno, infraestructura y una planificación estratégica clara.
Dignificar a las Fuerzas Armadas exige políticas responsables y sostenidas, no soluciones superficiales. Mejorar la educación es positivo, pero otorgar sobresueldos por títulos externos sin vinculación con la misión militar no responde a las necesidades del instrumento de defensa.
Si Argentina quiere recuperar profesionalismo, moral, capacidad operativa y vocación, debe comenzar por lo básico: sueldos adecuados, una carrera previsibles, equipamiento moderno, capacidad disuasiva efectiva, formación especializada dentro del sistema militar y condiciones de vida acordes con la responsabilidad constitucional de defender la patria.
Fortalecer la defensa nacional requiere políticas técnicas, continuas y fundamentadas, no gestos vistosos. Ese enfoque es el que puede devolver dignidad a quienes tienen la tarea de custodiar la soberanía.
Políticas serias y sostenidas, más que incentivos aislados, son la vía para preservar y profesionalizar nuestras Fuerzas Armadas.
