El proyecto de ley conocido como REINFO Pesquero, que plantea reabrir el proceso de formalización de embarcaciones artesanales (SIFORPA II), ha reavivado el debate porque dicho mecanismo fue archivado en 2023 tras varias reaperturas previas. El Ministerio de la Producción (PRODUCE) ha remitido al Congreso su posición técnica en la que explica su rechazo, argumentando que la medida podría poner en riesgo la sostenibilidad de recursos marinos como la pota y el perico.
Si PRODUCE considera inviable reabrir SIFORPA II, conviene preguntarse por qué persistir con la iniciativa. La discusión no se trata de oponerse a la formalización en general, sino de evitar que un nuevo proceso legitime embarcaciones construidas o registradas fuera de la normativa. El procedimiento original exigía verificación física, matrícula, protocolos técnicos y permisos, medidas destinadas a impedir la proliferación de naves “fantasma”. Reabrir el mecanismo podría acabar validando irregularidades cometidas en periodos anteriores.
La reapertura del REINFO presenta riesgos ambientales significativos. Una expansión no controlada de la flota artesanal aumentaría la presión sobre pesquerías ya plenamente explotadas, poniendo en peligro poblaciones clave como la pota y el perico. Ese incremento de esfuerzo pesquero puede conducir al colapso de recursos que sustentan empleo y exportaciones.
PRODUCE y la autoridad marítima han advertido que admitir embarcaciones sin verificación eleva el esfuerzo de pesca, debilita la trazabilidad y facilita la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), con consecuencias negativas para la gestión y conservación marina.
Además de los efectos directos sobre las especies, la reapertura podría generar daños colaterales: tráfico de matrículas, aparición de astilleros que construyen sin controles de seguridad ni certificaciones, uso de madera no certificada que fomenta la tala ilegal, y competencia desleal frente a embarcaciones que sí cumplieron los requisitos formales. Todo ello incrementa riesgos para las tripulaciones y degrada cadenas productivas.
La experiencia comparada con reaperturas y regularizaciones en minería ilegal muestra cómo procesos mal diseñados pueden facilitar operaciones sin cumplimiento ambiental. Ese antecedente refuerza la preocupación de que repetir el mismo enfoque en la actividad pesquera tendría efectos similares sobre el ecosistema marino y la gobernanza del sector.
¿Qué hacer entonces?
Primero: archivar el proyecto 12373/2025.
Segundo: fortalecer las medidas que han demostrado eficacia, como la implementación completa del sistema satelital SISESAT en la flota artesanal, la consolidación de padrones digitales certificados y sanciones efectivas contra astilleros ilegales y el tráfico de matrículas.
Tercero: aumentar la inversión en fiscalización y en las capacidades técnicas de PRODUCE y DICAPI.
Y cuarto: promover programas de formalización focalizados y verificables, con trazabilidad desde el astillero hasta el desembarque, en lugar de abrir ventanas generales que puedan incentivar la irregularidad.
Si el objetivo es proteger las pesquerías y a las embarcaciones que cumplen la ley, la solución no es reabrir procesos cerrados sino consolidar y mejorar los mecanismos existentes. Corresponde al Congreso tomar decisiones fundadas en la evidencia técnica y científica disponible, evitando medidas de corto plazo que pongan en riesgo la sostenibilidad de los recursos pesqueros.
