Un asunto que comenzó con el expríncipe Andrew escaló hasta involucrar al rey Carlos III después de que el Parlamento anunciara una investigación formal sobre los contratos de arrendamiento de varias propiedades reales. La investigación se originó cuando se reveló que Andrew Mountbatten-Windsor ocupó durante más de veinte años la residencia oficial Royal Lodge sin pagar un alquiler equivalente al valor de mercado, lo que generó preocupación pública sobre posibles tratos preferenciales en la gestión de bienes de la Corona.
El rey Carlos III administra, entre otros instrumentos, propiedades a través del Crown Estate, una estructura histórica creada en tiempos de Jorge III para gestionar inmuebles destinados a cubrir gastos estatales y personales. Tras las revelaciones sobre Royal Lodge, el Parlamento decidió auditar los contratos de arrendamiento vigentes para comprobar si se ajustan a la normativa y a los estándares del mercado.
Además de Royal Lodge, la revisión incluirá otras residencias reales, como Forest Lodge (actual hogar del príncipe y la princesa de Gales), Bagshot Park (ocupada por el Duque y la Duquesa de Edimburgo) y la residencia de la princesa Alexandra en Richmond Park. El objetivo es determinar si estos acuerdos implicaron condiciones particularmente ventajosas que podrían no cumplir los requisitos legales.
El entorno del rey sostiene que las propiedades administradas por el Crown Estate cumplen los procedimientos establecidos. No obstante, la presión pública aumentó tras las informaciones de que Andrew habría evitado pagar sumas significativas durante años. La investigación plantea preguntas sobre si el monarca supervisó adecuadamente esos acuerdos o si existieron irregularidades que afecten la credibilidad de la Corona. Mientras tanto, el Reino Unido sigue de cerca el desarrollo del proceso, que añade tensión política y mediática en un momento en que Carlos III enfrenta además un tratamiento médico.
