La versión más reciente de la reforma laboral impulsada por Javier Milei suprimió algunos de los puntos rechazados por la CGT con el objetivo de facilitar su aprobación en el Congreso. Entre las modificaciones se eliminó la limitación de las cuotas solidarias, una medida que, según críticas, habría puesto en riesgo el financiamiento sindical y que había sido promovida por Federico Sturzenegger.
A diferencia de la propuesta anterior, el proyecto mantiene la prelación de convenios por empresa o por región, pero aclara que en esas negociaciones “la representación sindical será la del o los sindicatos de primer grado con personería gremial en el ámbito territorial y personal que se pretenda negociar”. Con ello se preserva el poder negociador formal de los sindicatos y no se habilita a las comisiones internas para reemplazarlos.
Se quitó del texto un artículo que reducía la cantidad de delegados en las empresas, aunque se mantiene la regulación de las asambleas laborales en los establecimientos: estas requieren “autorización previa” del empleador respecto del lugar, el horario y la duración cuando se realicen dentro de la empresa.
La CGT rechazó la reforma elaborada en el Consejo de Mayo, pero tras mantener conversaciones con el ministro del Interior, Diego Santilli, comenzó negociaciones reservadas con el asesor presidencial Santiago Caputo y con dos referentes vinculados a Karina Milei: el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, Eduardo “Lule” Menem.
En las conversaciones en el Consejo de Mayo quedó la impresión de que la CGT podía tolerar algunas modificaciones al derecho individual —como el fraccionamiento de las vacaciones o la creación de un banco de horas—, pero se mantuvo inflexible en cuanto a cambios en el derecho colectivo, como la ultraactividad de los convenios, los convenios por empresa, las cuotas solidarias y la regulación del derecho de huelga.
Aunque la versión más reciente incorpora algunos de los pedidos de la CGT, persisten numerosos artículos que el sindicalismo rechaza y que pueden desencadenar conflictos con el Gobierno pese a las modificaciones.
En el texto apareció además, de forma sorpresiva, un artículo 58 que crea los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), destinados a coadyuvar en el cumplimiento de obligaciones vinculadas con indemnizaciones por despido. Ese fondo se financiaría mediante una contribución mensual obligatoria del 3% de las remuneraciones por parte de los empleadores. La propuesta no fue debatida en el Consejo de Mayo y genera preocupación en el sector empresarial; un experto consultado la calificó como “estalinista”.
Para la CGT fue un alivio la eliminación de la limitación a las cuotas solidarias, ya que esos aportes son la principal fuente de financiamiento sindical: se obtienen por descuentos obligatorios a todos los trabajadores de una actividad, sean o no afiliados, pactados en los convenios colectivos.
En versiones anteriores del proyecto y del DNU 70 se había planteado que no se podrían imponer aportes o pagos a no afiliados salvo aceptación expresa, lo que, de haberse aprobado, habría debilitado gravemente la financiación sindical.
La CGT también había manifestado inquietud por la posibilidad de que los convenios por empresa tuvieran prelación sobre los convenios de actividad, lo que habría reducido el poder centralizado de los sindicatos y potenciado el rol de las comisiones internas al delegarles facultades de negociación y firma.
No obstante, la versión final aclara que, aun cuando los convenios sean por empresa o por región, la representación corresponderá a los sindicatos de primer grado con personería gremial en el ámbito territorial y personal de la negociación, preservando así la actual estructura de representación sindical en la negociación colectiva.
Asimismo, si bien se descartó la reducción en la cantidad de delegados —otro punto rechazado por la CGT—, se mantuvo la exigencia de autorización para celebrar asambleas dentro de las empresas como mecanismo para evitar que funcionen como medidas de fuerza encubiertas.
La última versión del proyecto mantiene además una limitación a la ultraactividad automática de los convenios colectivos: se respeta la ultraactividad para las “cláusulas normativas” que establecen condiciones de trabajo, pero las cláusulas “obligacionales” (como aportes y compromisos de los empleadores) dejarían de tener efecto al vencimiento del convenio.
El texto conocido también incluye la regulación del derecho de huelga en sectores como transporte, educación y salud mediante una nueva definición de servicios esenciales, que fija coberturas mínimas: 75% para servicios críticos y 50% para servicios trascendentales. Esa propuesta ya formaba parte del DNU 70 y fue cuestionada por los sindicatos.
Otra iniciativa que se mantuvo pese a los recortes solicitados por la CGT es la creación de los llamados “salarios dinámicos”, impulsada por el secretario de Trabajo, Julio Cordero; la idea es introducir un componente salarial variable y transitorio para reconocer mérito individual, productividad o la situación económica de la empresa.
En relación con la versión previa que derogaba varias normas y estatutos especiales, el texto actual incorpora la anulación de la Ley 12.908 (Estatuto del Periodista) y mantiene la derogación de la Ley de Teletrabajo, los estatutos del viajante de comercio y del peluquero y las normas sobre el horario de los supermercados, entre otras. En cambio, quedó fuera la derogación de la Ley 12.981, que regula el régimen laboral de los encargados de edificios.
