Estados Unidos condenó este lunes en el Consejo de Seguridad de la ONU el uso por parte de Rusia de un misil balístico Oreshnik con capacidad nuclear en el conflicto en Ucrania, calificando el hecho como una escalada peligrosa e inexplicable. El misil, de alcance intermedio y sin ojiva nuclear, impactó la madrugada del viernes 9 en una zona cercana a la frontera con Polonia, en un contexto de intensificación de los ataques en el país.
La embajadora adjunta de Estados Unidos ante la ONU, Tammy Bruce, expresó que este lanzamiento “constituye otra escalada peligrosa e inexplicable de esta guerra, inclusive mientras Estados Unidos trabaja con Kiev, otros socios y Moscú para poner fin al conflicto mediante una solución negociada”, según declaró ante el Consejo de Seguridad. Bruce añadió que “Estados Unidos condena los continuos y cada vez más intensos ataques de Rusia contra las instalaciones energéticas de Ucrania y otras infraestructuras civiles”. En una sesión de urgencia convocada por el mismo órgano, la diplomática calificó el ataque ruso de “muy negativo” e instó a Moscú a pasar “de la palabra a la acción” para “acabar con esta pesadilla”, señalando que las acciones rusas “solo prolongan la guerra y aumentan el sufrimiento de los civiles”.
De acuerdo con el embajador interino del Reino Unido ante Naciones Unidas, James Kariuki, los ataques son “imprudentes” y representan una amenaza para la seguridad regional e internacional, implicando “un riesgo significativo de escalada y de errores de cálculo”. Kariuki aseguró que el misil hipersónico cayó “a 50 kilómetros de la frontera polaca”. El representante de Polonia, Krzysztof Szczerski, denunció “desinformación” por parte rusa en momentos en los que se intentaba abrir un diálogo mediado por EEUU, y solicitó la imposición de nuevas sanciones contra Rusia.
Según la versión de Moscú, el misil impactó en una fábrica de mantenimiento de aviones en la región de Leópolis, al oeste de Ucrania, y fue disparado en respuesta a lo que califican como un intento ucraniano de atacar una de las residencias del presidente ruso, Vladímir Putin, afirmación que Kiev niega. El embajador ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia, reiteró que los objetivos rusos no incluyen a la población civil y defendió que la acción fue “una respuesta de Kiev contra una de las residencias del presidente ruso”. Nebenzia criticó las posturas del secretario general de la ONU, afirmando que “es una ceguera típica de Naciones Unidas” y enfatizó que Moscú “nunca ha rechazado el diálogo” y continuará dando “respuestas firmes a los ataques ucranianos”.
El alcalde de Leópolis, Andrí Sadovi, indicó que, según la Fuerza Aérea, el misil se desplazaba a una velocidad aproximada de 13.000 kilómetros por hora. Ucrania confirmó el ataque en la región, aunque no precisó si la planta había sido alcanzada. El representante ucraniano ante la ONU, Andrii Melnyk, calificó las acciones de Moscú como “actividades criminales”, acusando a Rusia de esperar las bajas temperaturas para atacar infraestructura energética y “congelar a millones de personas”. Melnyk afirmó que “esta nueva ola de terror refleja la determinación del presidente ruso, Vladímir Putin, de abofetear a los mediadores estadounidenses”, y solicitó a los aliados de Ucrania más sistemas de defensa aéreos para “hacer frente a futuros ataques”.
De acuerdo con la subsecretaria general de la ONU para Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz, Rosemary DiCarlo, los primeros días de 2026 han estado marcados por una intensificación de los combates y los ataques a gran escala contra civiles e infraestructuras críticas, en particular contra el sistema energético, lo que ha dejado a millones de personas sin electricidad, calefacción ni agua durante periodos prolongados.
Representantes de países europeos también manifestaron su rechazo. La representante de Dinamarca, Christina Markus Lassen, calificó los ataques como “execrables” y denunció que incluso médicos que atendían a víctimas resultaron agredidos. Lassen subrayó que la falta de calefacción en Kiev constituye una violación del derecho humanitario y reclamó un “alto el fuego incondicional” y “mayor presión internacional sobre Rusia para forzar la búsqueda de la paz”. El representante chino, Sun Lei, insistió en la necesidad de abordar las preocupaciones de seguridad de ambas partes para evitar una escalada, criticó el uso de sanciones unilaterales y reiteró que la “coexistencia pacífica entre Rusia y Ucrania es la única posibilidad viable”.
Además del lanzamiento del misil Oreshnik, Rusia bombardeó Kiev la madrugada del viernes, dejando al menos cuatro muertos y reduciendo a la mitad la calefacción en los edificios residenciales de la ciudad, mientras las temperaturas descendían entre -7 y -15 °C.
(Con información de AFP y EFE)
La Corte Internacional de Justicia (CIJ), máximo tribunal de la ONU, inició este lunes el análisis de la acusación contra Myanmar (Birmania) por supuesta violación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio debido a su “patrón de conducta” hacia la minoría musulmana rohinyá en el estado de Rakáin. El proceso, que se extenderá hasta el 29 de enero con audiencias públicas y sesiones a puerta cerrada, busca determinar si las autoridades birmanas actuaron con “intención de destruir” a este grupo, como sostiene la denuncia presentada por Gambia en 2019.
Durante la apertura de las audiencias, el ministro de Justicia gambiano, Dawda Jallow, señaló ante la CIJ que Myanmar mantiene “un patrón de conducta” que revela una “intención de destruir” a la minoría rohinyá, describiendo un contexto de “persecución atroz” respaldado por décadas de “propaganda deshumanizante”. Jallow detalló la existencia de operaciones de “limpieza” y políticas dirigidas a borrar la presencia rohinyá en el país, mencionando violaciones “brutales y atroces” como asesinatos, expulsiones, violencia sexual y destrucción de aldeas en Rakáin.
El núcleo del caso está en las operaciones militares realizadas en 2016 y 2017, que provocaron la huida masiva de la población rohinyá. Las autoridades birmanas sostienen que estas acciones tenían como objetivo combatir a grupos armados o terroristas, mientras que organizaciones de derechos humanos denuncian una campaña de limpieza étnica en este país de mayoría budista. Según conclusiones de la ONU en 2018, existen indicios de “actos genocidas” y crímenes de lesa humanidad, lo que llevó a más de 700.000 personas a refugiarse en Bangladés, donde permanecen en condiciones precarias. Myanmar rechaza las acusaciones de genocidio.
Jallow remarcó ante el tribunal que “no se trata de cuestiones esotéricas del derecho internacional”, sino de “personas reales, de historias reales, de un grupo real de seres humanos: los rohinyá de Myanmar”, y advirtió que han sido sometidos a una situación que ha convertido sus vidas “en una pesadilla”.
La demanda de Gambia ante la CIJ cuenta con el apoyo formal de otros once países y con el respaldo de los 57 Estados de la Organización de Cooperación Islámica (OCI). El tratado internacional considera el genocidio un crimen de interés internacional, cuya persecución no depende de que un Estado esté directamente afectado, lo que permitió a Gambia asumir la causa.
Gambia solicita que la CIJ establezca que Myanmar incumplió sus obligaciones internacionales, imponga reparaciones a las víctimas y exija garantías de no repetición por parte de las autoridades birmanas. En una fase provisional del caso, la entonces líder birmana Aung San Suu Kyi, premio Nobel de la Paz, compareció en 2019 ante la CIJ en La Haya para rechazar las acusaciones, calificándolas de “engañosas”, y defendió la posición del Ejército birmano en lo que describió como un conflicto “interno” y “muy complejo”.
En 2020, la CIJ ordenó medidas cautelares, instando a Myanmar a proteger a la población rohinyá. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos afirman que las violaciones persistieron y que la situación empeoró tras el golpe de Estado militar de 2021. El Ejército de Arakán, que actualmente controla amplias zonas de Rakáin, también ha sido acusado de violencia contra los rohinyá.
No se prevé una sentencia a corto plazo, ya que la CIJ debe deliberar durante varios meses antes de decidir si Myanmar incurrió en responsabilidad por genocidio. La minoría rohinyá, asentada principalmente en Rakáin, lleva décadas sufriendo discriminación sistemática, privación de derechos y violencia por parte de las autoridades birmanas, y no es reconocida como grupo étnico nacional ni se le concede la nacionalidad.
Una eventual condena de la CIJ podría tener impacto sobre la definición internacional de genocidio y la carga de la prueba para este tipo de crímenes, generando precedentes para otros casos, como el iniciado por Sudáfrica en 2023 contra Israel por las operaciones militares en la Franja de Gaza.
(Con información de EFE)
