Una joven de 27 años presentó una denuncia judicial en la que relató que habría sufrido abusos sexuales desde los 3 hasta los 13 años. Según su testimonio, los hechos ocurrieron en varias viviendas del conurbano bonaerense: dos en el barrio Fiorito y otra en Villa Albertina. La denuncia fue radicada en una fiscalía especializada en violencia de género del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.
La denunciante aseguró que, al comunicar los hechos a parte de su entorno familiar, no fue creída y además recibió advertencias para que no avanzara con la causa. Ante esa situación, la fiscalía intervino y dispuso medidas investigativas para reunir pruebas y verificar la veracidad de las declaraciones. Con los elementos recopilados durante la investigación, la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) solicitó la detención del sospechoso.
Personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Lomas de Zamora llevó a cabo un operativo en una vivienda de Villa Centenario. En ese procedimiento fue detenido un hombre de 56 años, quien quedó a disposición de la Justicia local para continuar con las actuaciones penales correspondientes. La causa seguirá su curso en los tribunales de Lomas de Zamora, que determinarán las medidas probatorias a implementar, entre las que pueden incluirse peritajes, declaraciones complementarias y el análisis documental y forense pertinente.
El expediente se desarrolla en el marco de la normativa aplicable a los delitos de abuso sexual y de los protocolos destinados a la protección de víctimas de violencia de género. Las autoridades judiciales y policiales tienen la obligación de impulsar las pesquisas con perspectiva de género y garantizar las medidas de protección necesarias para la denunciante, además de preservar la cadena de custodia de los elementos probatorios recolectados durante el operativo.
En este tipo de causas, las etapas procesales siguientes suelen incluir la indagatoria del imputado, la posible formulación de cargos por parte de la fiscalía y la resolución sobre eventuales prisiones preventivas o medidas alternativas según la evolución de la investigación y los riesgos procesales acreditados. Asimismo, las víctimas pueden acceder a asistencia legal y a recursos de apoyo psicológico y social previstos por los servicios estatales y organizaciones especializadas.
Por ahora, la causa continúa en manos de la Justicia de Lomas de Zamora, que deberá determinar responsabilidad penal y adoptar las medidas que surjan de la investigación en curso. El proceso evaluará la totalidad de las pruebas recabadas y escuchará a las partes antes de adoptar decisiones definitivas sobre el caso.
