Facundo Moyano, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Peajes e hijo de Hugo Moyano, expresó en Infobae en Vivo su postura frente a la reforma laboral impulsada por el Gobierno, cuyo tratamiento comenzará en el Congreso. El dirigente reconoció diferencias con la posición mayoritaria de la Confederación General del Trabajo (CGT) en un debate que afecta el financiamiento sindical.
El proyecto propone limitar la llamada “cuota solidaria”, el aporte que realizan trabajadores no afiliados para sostener a los sindicatos cuando un acuerdo salarial alcanza a todo un sector. Hasta ahora, el empleador podía actuar como agente de retención sin que el trabajador haya dado un consentimiento individual explícito. La iniciativa oficial plantea que ese descuento se aplique solo si el trabajador lo autoriza de forma individual, lo que reduce una fuente de financiamiento histórica para las estructuras gremiales más grandes.
Moyano admitió que su posición puede generar rechazos, pero afirmó que no está totalmente en contra de restringir las cuotas: si el trabajador manifiesta su voluntad de que el empleador actúe como agente de retención, lo considera aceptable. Aclaró que en su sindicato la decisión la toma el trabajador, y subrayó que esta postura difiere de la defensa de la obligatoriedad del aporte que sostiene la CGT.
Al mismo tiempo, el dirigente calificó en general al proyecto como “anti sindicatos” y sostuvo que incluye aspectos que podrían ser inconstitucionales. Señaló que el texto permitiría a una empresa tercerizar personal sin que esos trabajadores puedan afiliarse a un gremio, lo que, en su opinión, debilita la representación laboral. Además, consideró que algunas disposiciones parecen exageradas para la negociación y criticó que varios redactores del proyecto desconocen la dinámica sindical.
La regulación de las cuotas solidarias tiene un impacto financiero relevante en los sindicatos de mayor tamaño y en la CGT, ya que ese fondo ha sostenido históricamente su capacidad de acción política y de asistencia. Moyano sostuvo que, sin la conformidad del trabajador, no debería retenerse una cuota obligatoria y defendió la libertad de elección del trabajador, señalando que si el gobierno se define como libertario, esa postura debe aplicarse de manera coherente.
En relación con otros puntos de la reforma, cuestionó el nuevo esquema indemnizatorio y afirmó que los criterios de cálculo propuestos “no tienen sentido”. Sobre el fondo de cese laboral, cuya obligatoriedad el gobierno busca eliminar o flexibilizar, indicó que puede resultar útil en actividades dinámicas que requieren flexibilidad, aunque expresó dudas sobre su instrumentación práctica.
También criticó la falta de respuesta del peronismo a quienes intentaron debatir la cuestión laboral y valoró que el Gobierno haya abierto la discusión sobre la actualización de las reglas del mercado de trabajo, un reclamo recurrente tanto en sectores sindicales como empresariales.
Finalmente, Moyano planteó interrogantes sobre la aplicación y el control de las nuevas normas: preguntó quién fiscalizará y sancionará en caso de incumplimiento, y sostuvo que el debate parlamentario podría modificar aspectos centrales del proyecto oficial.
