La condena del empresario y activista prodemocracia Jimmy Lai en Hong Kong provocó críticas de gobiernos occidentales, organizaciones de derechos humanos y grupos parlamentarios internacionales, que calificaron el proceso de políticamente motivado y alertaron sobre un retroceso en las libertades fundamentales en el territorio.
El Tribunal Supremo de Hong Kong declaró este lunes culpable a Lai, de 78 años, de dos cargos por conspiración con fuerzas extranjeras y de un delito de sedición relacionado con la difusión de material considerado subversivo. El caso, que se extendió durante cinco años, concluyó con el veredicto; la sentencia, que podría incluir cadena perpetua, se dictará en enero. El juicio se celebró sin jurado y ante un panel de magistrados específicamente designados para asuntos de seguridad nacional.
La Unión Europea manifestó su preocupación por la decisión y afirmó que el proceso muestra un uso político del sistema judicial. En su comunicado, recordó que la imputación y el juicio reflejan una erosión de la democracia y de las libertades básicas en Hong Kong desde la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Nacional en 2020, y reiteró su petición de liberación inmediata e incondicional de Jimmy Lai.
La UE también señaló que la reputación de Hong Kong como centro financiero internacional se ha sustentado históricamente en el respeto al Estado de derecho, y advirtió que procedimientos como este minan la confianza en su sistema jurídico. En ese contexto mencionó el cierre en 2021 del diario Apple Daily, fundado por Lai, tras una redada policial y la congelación de activos del grupo editorial, y defendió la importancia de medios libres e independientes para la rendición de cuentas.
Desde el Reino Unido, la ministra de Exteriores, Yvette Cooper, calificó el proceso como “políticamente motivado” y sostuvo que Lai fue perseguido por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Cooper afirmó que la ley de seguridad nacional impuesta por Pekín en Hong Kong busca silenciar a los críticos y renovó su demanda de derogación de esa normativa, así como la petición de que Lai sea liberado y reciba atención médica adecuada con acceso a profesionales independientes.
En la misma línea, la portavoz de Exteriores del Partido Conservador, Priti Patel, instó al primer ministro Keir Starmer a plantear el caso directamente al presidente chino, Xi Jinping, y a solicitar la liberación inmediata de Lai durante su próxima visita oficial. Un grupo multipartidario del Parlamento británico sobre detenciones arbitrarias también criticó al Gobierno por no haber adoptado medidas más contundentes antes de la condena.
Organizaciones de derechos humanos reaccionaron con dureza. Human Rights Watch y Amnistía Internacional señalaron que el fallo es condenable y pidieron la liberación inmediata de Lai. Elaine Pearson, directora para Asia de HRW, calificó la condena por cargos que considera infundados tras años de aislamiento como una parodia de la justicia y solicitó presión internacional para revertir el caso, afirmando que el Gobierno chino persigue a quienes critican al Partido Comunista.
Amnistía Internacional describió la decisión como un golpe para la libertad de prensa en Hong Kong. Sarah Brooks, directora para China de la organización, afirmó que la previsibilidad del veredicto no lo hace menos preocupante y aseguró que actos periodísticos esenciales han sido criminalizados. Amnistía considera a Lai un preso de conciencia y exige su liberación inmediata e incondicional, advirtiendo que las normas actuales buscan acallar a la población y generan riesgos legales para quienes operan en la ciudad.
La Alianza Interparlamentaria sobre China (IPAC), que agrupa a 76 legisladores de 30 parlamentos, denunció un veredicto predeterminado y una burla al Estado de derecho. El grupo sostuvo que no puede hablarse de normalidad en las relaciones con un Estado que persigue a inocentes.
Lai permanece detenido desde 2020 y su estado de salud preocupa a sus familiares, que han denunciado un deterioro tras años en aislamiento. Las autoridades de Hong Kong afirman que recibe atención médica adecuada. El caso sigue siendo un símbolo del debate internacional sobre el futuro de la libertad de expresión, la prensa independiente y el Estado de derecho en la ciudad.
(Con información de EFE)
