El Gobierno, a través del Ministerio de Justicia y la Inspección General de Justicia (IGJ), intimó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a la Liga Profesional de Fútbol para que expliquen sus estados contables y financieros.
Según el comunicado oficial, se requerirán documentos que respalden partidas relacionadas con gastos e inversiones por más de USD 111.000.000 y USD 340.000.000, respectivamente.
La IGJ informó que “se intimará a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a la Superliga del Fútbol Argentino a brindar explicaciones sobre las cifras contenidas en sus estados contables y financieros, y a responder todas las observaciones efectuadas, como se exige a todas las personas jurídicas privadas registradas, sin excepciones”.
El organismo precisó que los balances de la AFA y de la Superliga que motivan la intimación superan los USD 111.000.000 y USD 340.000.000, respectivamente. Además, la IGJ solicita a la AFA la presentación de documentación vinculada con gastos e inversiones relacionadas con actividades que, según la entidad, no estarían previstas en sus estatutos; la AFA se constituye como asociación civil sin fines de lucro.
La IGJ reiteró su compromiso con la igualdad ante la ley y advirtió que ninguna entidad ni sus directivos tienen privilegios. Señaló que la AFA y la Superliga deben cumplir los mismos requisitos que rigen para todas las asociaciones y fundaciones registradas y que la falta de respuesta o el incumplimiento en los plazos establecidos podrá dar lugar a sanciones económicas tanto para las organizaciones como para sus autoridades.
En la intimación, a la que accedió Infobae, la IGJ le exige a la AFA, en un plazo máximo de 20 días:
Presentar ante ese organismo los estados contables y financieros correspondientes al ejercicio social cerrado al 30 de junio de 2025 que se encuentran pendientes de presentación; Informar las razones por las cuales omitió solicitar autorización al organismo para celebrar las Asambleas Generales Ordinaria y Extraordinaria del 28 de octubre de 2025 realizadas en el predio de Ezeiza, fuera del ámbito de la jurisdicción de la IGJ; Informar por qué no realizó la presentación previa obligatoria ante la IGJ respecto de la celebración de esas reuniones; Explicar por qué en dichas asambleas participaron funcionarios de la Dirección General de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires (DGPJ), que según la IGJ no tienen jurisdicción para fiscalizar actos de asociaciones civiles cuyo domicilio está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e inscriptas ante la IGJ; Entregar a la IGJ copias certificadas de las actas del Consejo Directivo que convocaron las asambleas y de las actas de las asambleas celebradas el 28 de octubre de 2025 en la Provincia de Buenos Aires; Remitir a la IGJ todas las actas de Consejo Directivo y de Asambleas en las cuales se haya decidido la creación de la Universidad de la AFA (UNAFA); Presentar a la IGJ los estatutos constitutivos de la Universidad de la AFA (UNAFA), los instrumentos públicos o privados mediante los cuales quedó constituida esa persona jurídica, y las autorizaciones estatales que permitieron su emplazamiento y funcionamiento; Entregar a la IGJ copia certificada de la escritura de adquisición del inmueble donde se instaló la sede social de la UNAFA en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto con los comprobantes bancarios del pago si existieran y, en caso de haberse abonado en moneda extranjera, la documentación que acredite la compra de las divisas; Remitir a la IGJ copia de los convenios suscriptos con universidades públicas y privadas para la impartición de enseñanza, en especial con la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Nacional del Delta (UNDELTA), el Instituto ISALUD, Saint Kolbe University (SKUniversity, EEUU) y el Instituto de Emprendimiento Avanzado (IEAVANZADO, España); Contestar las vistas relacionadas con observaciones a los estados financieros y contables correspondientes a los ejercicios cerrados al 30/6/2017, 30/6/2018, 30/6/2019, 30/6/2020, 30/6/2021, 30/6/2022, 30/6/2023 y 30/6/2024 que se encuentran pendientes y con plazos vencidos, explicando la composición de partidas globales que suman en conjunto más de USD 111.000.000; Contestar las vistas pendientes ante la IGJ relacionadas con las reformas estatutarias que se encuentran en trámite y aún no han sido aprobadas por el organismo.
Por otro lado, en cuanto a la Superliga, se la intimó a que conteste las vistas conferidas respecto de observaciones a los estados financieros y contables correspondientes a los ejercicios cerrados 30/6/2020, 30/6/2021, 30/6/2022, 30/6/2023 y 30/6/2024, que están pendientes de respuesta y por los cuales debe explicar la composición de partidas globales que suman en conjunto más de USD 340.000.000, y a presentar los estados contables y financieros correspondientes al ejercicio cerrado al 30/6/2025.
La medida forma parte de una nueva acción del Gobierno. El lunes anterior, la ministra Patricia Bullrich presentó una denuncia contra autoridades de la entidad ante el Tribunal de Ética de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), por presuntas violaciones al Código de Ética y a la política anticorrupción y antisoborno de la organización.
En esa presentación se solicitó una investigación preliminar sobre una red de sociedades comerciales, contrataciones directas y movimientos patrimoniales que, según la denuncia de Bullrich, comprometerían los estándares de gobernanza exigidos por la CONMEBOL.
Paralelamente, un fiscal y el juez Marcelo Aguinsky, del Juzgado Penal Económico N°10, investigan a la firma Real Central SRL y a dos personas identificadas como Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, señalados como supuestos testaferros de dirigentes de la AFA.
La presentación judicial sostiene que Real Central SRL habría sido utilizada para la tenencia de bienes incompatibles con la capacidad económica declarada de sus titulares. Entre los activos bajo análisis figura una propiedad de más de 10 hectáreas en Villa Rosa, partido de Pilar, con una estancia que incluye helipuerto, instalaciones deportivas, pista de entrenamiento equino, un harás con caballos de alta competencia y una colección de vehículos de lujo y autos clásicos.
La cadena de titularidad del inmueble ha sido objeto de atención: en 2017 la propiedad fue adquirida por el exfutbolista Carlos Tévez; en junio de 2023 pasó a Malte S.R.L. (proveedora oficial de la AFA) y, menos de un año después, fue transferida a Real Central S.R.L. La denuncia apunta a que los socios de esta última serían presuntos testaferros. Además, las expensas y los gastos de mantenimiento del inmueble estaban a nombre de Wicca S.A.S., una sociedad vinculada a la ex secretaria de Finanzas de la AFA, María Florencia Sartirana, y al ex director general ejecutivo del organismo, Juan Pablo Beacon.
La denuncia también destaca contrataciones directas entre la AFA y empresas vinculadas. Según el Boletín N.o 6089 de la AFA, fechado el 25 de marzo de 2022, Malte S.R.L. fue contratada de forma directa por un monto cercano a USD 550.000 para la finalización de la instalación del sistema VAR.
El documento oficial reconoce la trayectoria de la empresa como proveedora, pero la denuncia afirma que existen vínculos societarios y personales entre esa firma y exdirectivos del organismo.
La concatenación de contrataciones, relaciones personales y operaciones patrimoniales de alto valor, según la presentación, plantea dudas sobre posibles conflictos de interés, falta de transparencia y el cumplimiento de los deberes fiduciarios exigidos a los dirigentes de una federación miembro de la CONMEBOL.
Ante estas acciones, la AFA respondió denunciando “evidente persecución política” contra sus autoridades y señaló que enfrentó lo que calificó como un ataque coordinado del ministro de Justicia, Dr. Mariano Cúneo Libarona, de la diputada Juliana Santillán y de la senadora Patricia Bullrich.
La AFA sostuvo que se intentó, mediante la intervención de la IGJ, obstaculizar la realización de su Asamblea y el ejercicio democrático de sus dirigentes, y advirtió que, al no conseguir su objetivo, se retomaron las amenazas de intervención.
También criticó la intención del Poder Ejecutivo de promover las Sociedades Anónimas Deportivas, en contra de la libertad de los clubes para elegir el modelo de asociación civil sin fines de lucro que consideren apropiado.
Finalmente, la AFA afirmó que, mientras recibió críticas externas, continúa centrada en su gestión deportiva: “seguimos trabajando para que el fútbol argentino crezca”, y remarcó que su actividad está orientada al deporte más que a la política.
