El Gobierno celebró inicialmente la aprobación del Presupuesto en general, pero la oposición logró rechazar un capítulo completo del proyecto que incluía el artículo 75, mediante el cual se derogaban las leyes de financiamiento universitario y la declaración de emergencia en políticas para personas con discapacidad.
El resultado inesperado provocó celebraciones en la oposición y dejó al oficialismo desconcertado; ahora la expectativa está puesta en intentar recomponer en el Senado la parte suprimida del texto. El Ejecutivo realizó gestiones intensas para proteger ese capítulo y, hasta último momento, el ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvo contactos con gobernadores para asegurar apoyos, una acción que la oposición calificó de “extorsiva”.
El oficialismo agrupó buena parte de las medidas de ajuste fiscal en un solo capítulo, una decisión que mostró una debilidad en la estrategia política. Además de la derogación de las leyes sobre universidades y discapacidad, el paquete incluía la reducción del beneficio de “zona fría” para usuarios de gas, la eliminación de la automaticidad en la actualización de prestaciones de la ANSES —como asignaciones familiares, AUH y Asignación por Embarazo— y la incorporación de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires como incentivo para sumar apoyos.
Esa estrategia no alcanzó. Aunque el Gobierno contaba con el respaldo del PRO, no logró convencer a otros aliados clave, incluidos varios gobernadores que se negaron a acompañar medidas de alto costo político. Incluso la diputada radical Karina Banfi, habitualmente alineada con el oficialismo, se desmarcó al considerar inadmisible votar en contra del financiamiento universitario y de políticas para personas con discapacidad.
Desde Unión por la Patria criticaron el traspié oficialista y señalaron que el problema no fue sólo económico sino también de diseño legislativo. Al agrupar reformas distintas en un único capítulo, los diputados quedaron obligados a votar “todo o nada”, lo que derivó en un rechazo generalizado. “Negocian poco y mal, y fallan en la estrategia”, resumió una fuente opositora.
La sesión también puso en evidencia los acuerdos paralelos necesarios para sostener el Presupuesto. En la madrugada se votaron los cargos de la Auditoría General de la Nación y, tras ese trámite, juró como auditora Pamela Calletti, ex diputada salteña, en medio de cuestionamientos por el reparto de cargos.
No todos los votos comprometidos respondieron como esperaba el Gobierno. Legisladores de Salta, Catamarca, Tucumán, Neuquén y Corrientes se alinearon con la oposición, mientras que otros optaron por la abstención o se ausentaron en la votación del capítulo clave.
Finalmente, varios diputados que habían respaldado el Presupuesto en general se retiraron o votaron en contra del capítulo que derogaba las normas sobre universidades y discapacidad, consumando una derrota significativa para el oficialismo en una sesión que expuso sus fragilidades parlamentarias.
