Las denuncias sobre presuntas irregularidades en un albergue de Tocumen, en la zona este de la ciudad de Panamá y administrado por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF), continúan generando reacciones dentro del propio Gobierno.
Además de la investigación iniciada por el Ministerio Público y los pronunciamientos de organismos internacionales, se ha producido un intercambio de posiciones entre autoridades respecto al manejo de los recursos públicos.
El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, cuestionó públicamente las afirmaciones de la directora del SENNIAF, Ana Fábrega, quien mencionó la supuesta falta de recursos como un obstáculo para mejorar los albergues. Chapman señaló que el problema sería de gestión administrativa y no del presupuesto.
Tras revisar las cifras, el titular del MEF indicó que la institución dispone de fondos suficientes para operar y afirmó que el desafío principal radica en la eficiencia, la disciplina y la planificación del gasto público.
Chapman enfatizó que la administración pública debe aplicar criterios de asignación de recursos escasos, comparándolo con la economía doméstica, y subrayó la necesidad de orden, creatividad y control para que los recursos se traduzcan en resultados concretos.
Las cifras oficiales citadas respaldan en parte esa evaluación: para 2026 la directora del SENNIAF sustentó un presupuesto de 7.6 millones de dólares, de los cuales 7.4 millones se destinan a funcionamiento y 164,800 a inversiones.
Estos datos refuerzan el argumento sobre la existencia de fondos, aunque muestran que la proporción destinada a infraestructura e inversiones es limitada.
Paralelamente, el Ministerio de Salud intervino en el debate. El ministro Fernando Boyd Galindo reconoció que la infraestructura del albergue de Tocumen no es la más adecuada y confirmó la creación de una comisión técnica para evaluar las condiciones del centro y ejecutar mejoras.
Tras una reunión de la Junta Directiva del SENNIAF, se acordó formar una comisión interdisciplinaria encargada de verificar las denuncias y proponer correctivos. La evaluación buscará determinar la veracidad de los señalamientos y las medidas necesarias para proteger a los menores.
El ministro de Salud dijo mantener comunicación directa con la directora del SENNIAF y que se impulsarán gestiones para dignificar las instalaciones, en línea con la voluntad del presidente José Raúl Mulino, con el objetivo de garantizar entornos seguros.
Boyd Galindo también abordó la situación social de los menores: explicó que muchos ingresaron al sistema por abandono y han permanecido por años, por lo que es necesario buscar alternativas de ubicación adecuadas a su edad y desarrollo, y expresó preocupación por las fugas registradas, que calificó de alto riesgo.
En materia sanitaria, el ministro aseguró que los adolescentes reciben atención médica continua y anunció evaluaciones clínicas exhaustivas para 12 jóvenes, con el fin de detectar patologías no identificadas y reforzar la atención en el sistema de protección.
Las supuestas irregularidades se hicieron públicas después de que la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, presidida por la diputada Alexandra Brenes, visitara el albergue de Tocumen como parte de la fiscalización legislativa; posteriormente, Brenes presentó una denuncia formal ante las autoridades competentes.
La denuncia de la diputada se convirtió en un punto de inflexión que aceleró la intervención del Ministerio Público y generó una cadena de reacciones oficiales, trasladando el caso de un señalamiento público a una investigación formal con presiones para determinar responsabilidades y aplicar correctivos.
En paralelo, UNICEF se pronunció sobre el caso y advirtió sobre fallas graves en el sistema de protección infantil, señalando que la preocupación va más allá de un solo albergue y que las denuncias deben investigarse con rigor para garantizar entornos dignos y seguros para los niños y adolescentes bajo custodia estatal.
El organismo internacional instó a reforzar la supervisión y la capacidad institucional para prevenir vulneraciones de derechos, pidiendo medidas sostenibles y verificables que prioricen el interés superior del niño, con protocolos claros, personal capacitado y mecanismos efectivos de control y rendición de cuentas.
En los últimos años, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia ha sido recurrentemente objeto de debate público por denuncias relacionadas con irregularidades administrativas, deficiencias en la atención a menores y fallas en los mecanismos de supervisión.
Estos señalamientos acumulados han generado cuestionamientos sobre la capacidad institucional para garantizar estándares adecuados de protección, transparencia y uso eficiente de los recursos públicos.
