Un jurado popular absolvió a los dos acusados del doble homicidio de Héctor Zuccarelli (46 años) y otro hombre identificado como Russo (77), un hecho que había causado fuerte conmoción en la comunidad de Lanús. La decisión dejó sin responsables penales directos los asesinatos, aunque el excomisario Adrián Brulc fue considerado culpable por un delito distinto: tenencia ilegal de armas de guerra y de uso civil.
Las víctimas y el contexto del ataque generaron una profunda preocupación local. Uno de los asesinados, identificado en los informes como un monaguillo, tenía 47 años al momento de su muerte. El vehículo empleado en el ataque —un Volkswagen Cross Fox con pedido de robo— fue abandonado poco después en Villa Fiorito. Para los investigadores, ese automóvil fue un elemento clave para reconstruir el trayecto posterior al hecho y para vincular la causa con Brulc, excomisario mayor de la Policía Bonaerense.
Durante el juicio oral, el debate incluyó el testimonio de testigos, pericias técnicas y reconstrucciones del suceso. Las pruebas analizadas abarcaron teléfonos celulares, grabaciones de cámaras de seguridad y registros de llamadas, instrumentos que la fiscalía presentó como centrales para sostener la acusación por el doble homicidio. Pese a ello, el jurado resolvió absolver a ambos imputados respecto de los asesinatos, estimando que no había pruebas suficientes para atribuirles responsabilidad penal en esos hechos.
En cambio, la investigación y los allanamientos ordenados en el marco del proceso permitieron secuestrar un arsenal de armas que no contaba con la debida autorización legal. Sobre esa base, Brulc fue condenado por la tenencia ilegal de armas de guerra y de uso civil. La sentencia, por tanto, combina una absolución en relación con los homicidios y una condena por infracciones vinculadas al armamento, lo que destaca la complejidad probatoria del caso.
La resolución judicial deja, en consecuencia, dos líneas claras: por un lado, la ausencia de imputados condenados por los crímenes que conmocionaron a la comunidad; por otro, la constatación de la existencia de armamento ilegal en poder de un exfuncionario policial. Ese resultado puede tener consecuencias administrativas y penales adicionales en torno a la condición de quien fuera comisario mayor, y plantea interrogantes sobre la investigación original del doble homicidio.
Al quedar sin responsables penales por los asesinatos, el caso mantiene abiertas preguntas sobre la autoría y el móvil del ataque, y sobre la suficiencia de las pruebas recabadas. La decisión del jurado subraya la necesidad de pruebas concluyentes en procesos por delitos graves y deja a la comunidad a la espera de avances que aclaren definitivamente lo ocurrido.
