El caso de Jeremías Monzón, un adolescente de 15 años torturado y asesinado en Santa Fe, reavivó el debate público sobre la baja de la edad de imputabilidad. De los tres menores presentes en el hecho, dos tenían 14 años y permanecen en libertad por no ser punibles.
Ante la crudeza del caso, dirigentes políticos reclamaron retomar la discusión para reducir la edad mínima para ser juzgado. En la reforma del Código Penal que prepara el Gobierno se plantea bajar la edad de 16 a 14 años, aunque en ocasiones se han propuesto límites aún menores, como 13 años.
El Ejecutivo no incluyó esa modificación en el llamado a sesiones extraordinarias realizado por decreto. Fuentes con acceso al despacho presidencial señalaron a Infobae que algunos asuntos aún están en redacción y se prevé dejar su texto definitivo para la primera quincena del próximo mes.
Sin embargo, debido a los hechos recientes, al menos dos miembros cercanos al presidente Javier Milei manifestaron a Infobae su intención de incluir la medida en el temario extraordinario para debatirla cuanto antes. Una fuente vinculada afirmó que desea impulsarla de inmediato.
Otra fuente de la mesa chica explicó que las sesiones extraordinarias comienzan el 2 de febrero y que, hasta que no se voten leyes, la Cámara de Diputados no tiene temas abiertos; por eso consideraron que este asunto, que ya tuvo dictamen y luego se cayó, podría reactivarse de forma inmediata.
Al menos tres dirigentes confirmaron a este medio que someterán la propuesta a debate en la reunión de la mesa política prevista para el próximo lunes en la Casa Rosada.
En el mismo grupo hay quienes aconsejan manejar el tema con cautela y sostienen que debe abordarse de manera integral junto con las demás modificaciones del Código Penal. Según una fuente, la baja de la imputabilidad forma parte de la reforma más amplia que se está concluyendo.
Ese planteo implica que el proyecto se priorice una vez iniciadas las sesiones ordinarias en marzo y que se intente discutir lo antes posible, incluso antes que otras reformas con similar urgencia.
La reforma del Código Penal ya había sido incluida en el temario de extraordinarias de diciembre, pero no se trató por falta de consenso y porque la Casa Rosada priorizó las negociaciones del Presupuesto 2026 y las conversaciones sobre la Modernización Laboral.
En mayo del año pasado, el oficialismo de La Libertad Avanza consiguió que la propuesta para bajar la imputabilidad obtuviera dictamen en la Cámara de Diputados. En ese momento se presentó por separado como la “Ley de Responsabilidad Penal Juvenil”, diseñada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
El dictamen proponía habilitar la punibilidad desde los 14 años y establecía que, en los procesos contra niños, niñas y adolescentes, se aplicarán los principios, derechos y garantías del sistema procesal acusatorio, que no se podrá interrumpir su escolaridad y que deberán implementarse programas educativos.
El texto también fijaba que la pena privativa máxima para personas adolescentes sería de 15 años y que el joven debería ser alojado en un instituto de detención adecuado o en una sección separada y adaptada dentro de un establecimiento carcelario de adultos.
En las discusiones de gobierno prevaleció la idea de que la iniciativa debía enmarcarse en un paquete de reformas más amplio e integral, que incluya políticas de Estado, medidas de inserción y asistencia social, y tratamientos terapéuticos, entre otras herramientas para abordar la delincuencia juvenil.
La reforma integral del Código Penal se trabajó en dos etapas. Primero, un grupo de penalistas encabezado por el abogado Jorge Boumpadre y el juez Mariano Borinsky presentó una versión inicial de 540 artículos, que luego se amplió a 912 artículos tras modificaciones impulsadas por el ministro Cúneo, miembro de la comisión.
Meses después se inició una revisión extensa en una mesa de estilo político liderada por el asesor presidencial Santiago Caputo; el secretario de Justicia Sebastián Amerio; la abogada Macarela Alifraco; la secretaria Legal y Técnica María Ibarzabal Murphy; la senadora Patricia Bullrich y el penalista Fernando Soto, del equipo de la exfuncionaria.
