El Ministerio de Justicia rechazó la recusación que la AFA presentó contra el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), por lo que el funcionario continuará a cargo del expediente. La decisión dejó sin efecto la maniobra destinada a demorar el proceso, reactivó el análisis de ocho balances consecutivos y volvió a centrar la atención en el control contable de la entidad.
El expediente avanzó durante semanas alejadas del foco mediático habitual de la AFA. Con la resolución que desestimó la recusación contra el Inspector General, se cerró una vía administrativa que la asociación había intentado usar para cuestionar el procedimiento y frenar la revisión de sus estados contables.
Frente a la decisión de la IGJ, la AFA defendió su actuación. El abogado Gregorio Dalbón dijo que la asociación ejerció derechos previstos por la ley y que recusar a un funcionario que, según la AFA, había opinado sobre el expediente no constituye una maniobra dilatoria sino una garantía del debido proceso.
Dalbón sostuvo que Vítolo había formulado “juicios anticipados” que, en su consideración, afectaban la apariencia de imparcialidad requerida en todo control administrativo.
La presentación de la recusación fue la respuesta de la AFA a una intimación de la IGJ para que explicara observaciones sobre ocho balances seguidos. La AFA sostuvo que Vítolo había perdido imparcialidad por declaraciones públicas, y buscó con ello apartarlo del caso y, en la práctica, suspender la marcha del control.
La maniobra se enmarcó en una serie de respuestas defensivas de la conducción de la AFA ante los requerimientos del organismo. Desde que la IGJ intensificó la revisión contable, la relación se volvió tensa: la dirigencia defendió la consistencia de la información y cuestionó notificaciones y trato, mientras la IGJ insistió en inconsistencias y en plazos incumplidos.
El rechazo de la recusación modificó ese escenario. La resolución firmada por el subsecretario de Asuntos Registrales, Carlos Medina, confirmó la continuidad de Vítolo en el expediente y permitió que el trámite prosiguiera focalizado en el contenido de los balances.
Para evaluar el alcance de la decisión conviene repasar el recorrido del expediente. La IGJ había detectado partidas relevantes con falta de desagregación, créditos sin composición clara y demoras recurrentes en las respuestas, lo que motivó la intimación a la AFA.
La contestación de la AFA, firmada por Tapia, incluyó aclaraciones contables y la recusación. En ese escrito la dirigencia sostuvo que las observaciones ya habían sido respondidas y que los importes consignados eran coherentes con los estados contables presentados.
El planteo de la AFA se apoyó en normas del Código Procesal Civil y Comercial sobre causales de recusación. Argumentó que Vítolo había hecho manifestaciones previas que afectaban su objetividad, aunque en ámbitos oficiales se vio la maniobra como una estrategia para ganar tiempo.
El trámite siguió lo previsto por la normativa administrativa: tras la recusación, Vítolo presentó un informe en el que respondió puntualmente a las acusaciones. Ese informe, fechado el 27 de enero, fue clave para la resolución del Ministerio.
En su informe, el titular de la IGJ negó las causales invocadas. Afirmó no tener parentesco ni vínculos económicos o profesionales con la AFA, no haber recibido beneficios ni mantener litigios con la entidad, y negó haber emitido opiniones jurídicas anticipadas sobre el fondo del asunto.
Sobre las declaraciones públicas cuestionadas, Vítolo aseguró que no emitió juicio sobre el fondo del expediente ni dictámenes, y que sus intervenciones se limitaron a describir hechos objetivos, como la existencia de balances observados y la ausencia de respuestas en plazos establecidos.
El informe también abordó el sistema de notificaciones de la IGJ, frente a la queja de la AFA por falta de notificación fehaciente. Vítolo explicó que la IGJ aplica desde hace más de veinte años un régimen que contempla la notificación tácita y automática de las vistas contables, utilizado con todas las entidades bajo su control.
El funcionario aclaró que esa normativa fue dictada antes de su designación y negó que se trate de un mecanismo creado para el caso de la AFA, con lo que buscó desactivar la idea de un trato diferencial.
El informe incorporó además un antecedente sobre la Superliga, asociación que mantuvo vínculos y estructuras afines a la AFA. En ese expediente, según el documento, la propia entidad reconoció la validez del sistema de notificaciones y atribuyó la falta de respuesta oportuna a errores propios.
Con ese antecedente, el informe sugirió una conducta contradictoria: cuando el procedimiento administrativo no genera conflicto se acepta; cuando resulta incómodo se impugna. Ese elemento quedó registrado en el expediente como contexto relevante.
Las actuaciones fueron elevadas a la Subsecretaría de Asuntos Registrales, que resolvió la recusación. La disposición final la rechazó por improcedente, subrayó el carácter restrictivo de la figura de la recusación y consideró que las manifestaciones atribuidas a Vítolo no justificaban su apartamiento. Se ordenó comunicar la decisión y archivar el incidente.
El rechazo tuvo efectos inmediatos: en lo administrativo confirmó la continuidad de Vítolo en el expediente; en lo político, frustró la estrategia de la AFA y de Claudio Tapia de trasladar el conflicto a una discusión procesal, cerrando la instancia que permitía suspender el análisis de fondo.
Para Tapia, la resolución representó un límite tangible. El presidente de la AFA había impulsado y firmado la defensa institucional; con la decisión del Ministerio esa línea quedó agotada y el expediente retomó su curso normal.
El foco volvió a los balances. Las aclaraciones presentadas por la AFA no despejaron todas las dudas técnicas de la IGJ: persistieron observaciones sobre falta de detalle en rubros y sobre la consistencia de ciertas partidas, por lo que el organismo puede avanzar con nuevas intimaciones o pedidos de información.
El episodio refleja la compleja relación entre la conducción del fútbol argentino y el Estado. Durante años la AFA operó con amplia autonomía; la revisión de ocho ejercicios seguidos muestra un cambio de escenario y somete a la gestión de Tapia a un escrutinio que trasciende lo deportivo.
El intento de recusación se inscribe en ese marco: más que un cuestionamiento personal, fue una estrategia para ralentizar un control sobre una entidad con fuerte peso simbólico y político. El rechazo de la medida dejó claro que esa vía no prosperará.
A partir de ahora, la AFA deberá responder puntualmente las observaciones contables y aportar la información solicitada. Para Tapia, el desafío será sostener su gestión en un contexto de mayor supervisión y con un expediente abierto que mantiene la tensión institucional.
El llamado AFAGate, lejos de cerrarse, ingresa en una etapa decisiva. Con la recusación desestimada, el proceso se centra en la revisión de los balances y en el cumplimiento de las obligaciones legales de la AFA; el intento por ganar tiempo fracasó y el control continúa con Tapia nuevamente en el centro de la escena.
