Un nuevo acuerdo por el auspicio de la camiseta de Gimnasia, suscrito con Flybondi y OCA, despertó dudas sobre el trasfondo político, empresarial y deportivo de la operación, en un momento en que sigue abierto el debate sobre la incorporación de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) al fútbol argentino.
El acuerdo fue gestionado por el empresario Leonardo Scatturice, CEO del fondo COC Global Enterprise, que controla un grupo de empresas con intereses en aviación, logística y servicios postales. Tras asumir el control de Flybondi y adquirir OCA, su grupo cerró un convenio de patrocinio por 400.000 dólares —300.000 aportados por OCA y 100.000 por Flybondi— con vigencia hasta febrero de 2027. La operación habría sido impulsada en parte por la figura de Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación y simpatizante del club, aunque existen versiones que niegan un vínculo directo.
Sturzenegger sostiene públicamente que el modelo de asociaciones civiles está agotado y promueve la entrada de inversores privados y las SAD como mecanismos para ordenar cuentas, mejorar la gestión, transparentar manejos económicos y asegurar el cumplimiento de obligaciones fiscales y previsionales. Esa postura generó resistencia dentro de Gimnasia: dirigentes y socios rechazaron la idea de privatizar la institución y advirtieron que la conversión en SAD podría afectar la identidad, autonomía y vida social del club.
La dirigencia de Gimnasia, liderada por Carlos Anacleto, aseguró que la negociación no implicó un desembarco político directo y que las gestiones las encabezó el vicepresidente Guillermo Ezequiel Ibáñez; el club había evaluado otras propuestas comerciales antes de cerrar este contrato. La cercanía atribuida a Scatturice con funcionarios del Gobierno y su creciente influencia en áreas de control estatal alimentaron, sin embargo, inquietudes sobre la articulación entre intereses privados y poder político en el fútbol argentino.
El caso se enmarca en la discusión más amplia sobre la implementación de las SAD: un modelo promovido por sectores afines al oficialismo y resistido por la Asociación del Fútbol Argentino, que plantea tensiones sobre la profesionalización, la transparencia y el rol del capital privado en la estructura del fútbol nacional.
