El Ministerio de Salud de Australia declaró una emergencia real ante el aumento del uso de bicicletas eléctricas y el crecimiento de accidentes graves y muertes vinculadas a estos vehículos, en especial entre adolescentes. Las autoridades alertan sobre la proliferación de unidades ilegales en las principales ciudades y la falta de controles técnicos, mientras que comerciantes y centros educativos buscan respuestas y medidas para afrontar la situación.
Según el diario británico The Guardian, en Nueva Gales del Sur se registraron 226 personas heridas en 2024 y 233 durante los primeros siete meses de 2025, además de cuatro fallecimientos. En Queensland las cifras preliminares indican 239 siniestros y cuatro muertos en el mismo periodo. Las autoridades admiten que el número real puede ser mayor debido al subregistro de incidentes leves.
El repunte de accidentes ha abierto un debate nacional sobre la conveniencia de prohibir estos vehículos, endurecer su regulación y reforzar la educación vial. Registros policiales y asociaciones de ciclistas reconocen que, aunque las bicicletas eléctricas han aportado movilidad y beneficios ambientales, el contexto actual expone efectos preocupantes.
El ministro de Salud, Mark Butler, calificó a estos vehículos como “una verdadera amenaza en la vía pública” y subrayó la urgencia de “detener la entrada de estos vehículos al país”, otorgando a la policía facultades para “retirarlos, destruirlos y eliminarlos”.
Su uso se aceleró tras la relajación de las normas de importación en 2021, que facilitó la llegada de modelos con motores más potentes y aceleradores sin restricciones. Ben Boucher, un estudiante de 16 años, dijo que la bicicleta eléctrica le otorga independencia y facilita su traslado al colegio: “Simplemente es más fácil moverse”, declaró a The Guardian.
No obstante, se advierte del riesgo de que menores desconozcan las normas de tránsito. Max, otro estudiante de 15 años, contó que en clases de educación vial aprendió la importancia del casco, pero se mostró preocupado porque muchos compañeros y padres ignoran que estos vehículos pueden superar los 50 km/h.
En 2025 el gobierno federal estableció una potencia máxima permitida de 250 vatios y un límite de velocidad de 25 km/h. Sin embargo, comerciantes y expertos sostienen que numerosos modelos evaden los controles oficiales.
Nueva Gales del Sur, que antes había autorizado motores de hasta 500 vatios, debió alinearse con los límites nacionales. Aun así, algunos usuarios realizan modificaciones técnicas que permiten alcanzar velocidades superiores a las permitidas.
El debate llegó a la arena política. “Los niños siempre han cometido imprudencias con las bicicletas, pero ahora las lesiones son mucho más graves”, advirtió Butler. El primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, reconoció que los gobiernos intentan “cerrar la puerta del establo” cuando el problema ya se ha extendido.
La líder opositora Natalie Ward pidió “sacar las bicicletas eléctricas de las calles” y alertó sobre el auge de agrupaciones juveniles descritas en medios como ebikie gangs. Estas posturas reflejan el desacuerdo sobre cómo gestionar lo que algunos consideran una emergencia de salud pública.
El fenómeno también afectó al comercio. Francisco Furman, propietario de Manly Bikes en Sídney, relató a The Guardian que tras la muerte de un usuario en diciembre las ventas cayeron en una temporada que suele ser activa: “Tuvimos muchas cancelaciones, lo que afecta gravemente nuestro negocio”, explicó. Además, redujo su inventario ante la incertidumbre regulatoria.
Otros comerciantes, como Tadana Maruta, dueño de la tienda Pedl, consideran que las nuevas restricciones no serán suficientes, ya que muchas bicicletas pueden modificarse para superar los límites legales.
Maruta también señala que sigue existiendo la venta de modelos ilegales para uso privado que superan los 25 km/h o carecen de pedales, y que muchos compradores los emplean en la vía pública. “Todo lo que se necesita es un adolescente ingenioso, y siempre hay uno capaz de hacerlo”, afirmó.
La policía australiana intensificó los operativos contra bicicletas eléctricas y motocicletas ilegales. En una inspección en Melbourne en agosto, más de la mitad de los vehículos confiscados no cumplían la normativa vigente. El comisionado adjunto de la policía de Victoria, Glenn Weir, declaró a The Guardian que existe “una falta clara de comprensión, o un desinterés evidente, por cumplir la ley”.
Asimismo, los denominados rideouts —encuentros de ciclistas adolescentes organizados por redes sociales— están sujetos a nuevas restricciones. En Sídney y Melbourne estas reuniones han convocado a cientos de jóvenes y generado quejas de residentes y autoridades.
Las alternativas planteadas incluyen el refuerzo de los operativos policiales y la expansión de la educación vial. Bicycle NSW, la principal organización de ciclistas de Nueva Gales del Sur, impulsa un programa piloto de formación en escuelas con la intención de extenderlo a todo el estado.
La entidad considera que la intervención policial debe ser el último recurso y promueve informar a adolescentes, padres y comerciantes sobre la normativa vigente. Paralelamente, colectivos como Bike Life Australia colaboran con la policía para organizar salidas legales y prevenir incidentes.
El desafío de conciliar la movilidad sostenible con la seguridad pública sigue abierto en Australia. Para muchos comerciantes, la adopción de estas bicicletas ya es un proceso irreversible y sus efectos, tanto positivos como negativos, forman parte de la dinámica urbana del país.
