Las autoridades iraníes detuvieron este domingo a tres destacadas figuras reformistas, entre ellas Azar Mansouri, presidenta del Frente Reformista de Irán, informó la agencia Fars. Los arrestos de Mansouri, Ebrahim Asgharzadeh y Mohsen Aminzadeh representan una nueva oleada de presión del régimen sobre la oposición moderada, en un momento de fuerte tensión tras las masivas protestas de enero.
Fars, vinculada al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, detalló que las instituciones de seguridad y judiciales imputaron a los tres cargos como “atentar contra la unidad nacional, posicionarse contra la Constitución, coordinación con la propaganda enemiga, promoción de la rendición, desvío de grupos políticos y creación de mecanismos subversivos secretos”. Ese tipo de acusaciones se emplea frecuentemente para criminalizar el disenso político.
La detención de Mansouri es especialmente relevante. Activista por los derechos de las mujeres desde los años noventa y secretaria general del Partido Unión del Pueblo Islámico de Irán, asumió la presidencia del Frente Reformista en julio de 2023. El 26 de enero declaró su “disgusto y rabia” por las matanzas de manifestantes durante las protestas, cuestionando abiertamente la versión oficial sobre esos hechos.
Ebrahim Asgharzadeh fue parlamentario entre 1988 y 1992 y miembro del primer consejo municipal de Teherán entre 1999 y 2003. Ha sido vetado políticamente por el Consejo de Guardianes por sus posturas reformistas y en 2019 pidió perdón públicamente por el secuestro de diplomáticos estadounidenses, calificándolo de error histórico.
Mohsen Aminzadeh, ex viceministro de Asuntos Exteriores durante la presidencia reformista de Mohammad Jatamí (1997–2005) y uno de los fundadores del Frente de Participación de Irán Islámico, completó el trío de detenidos. Ya fue arrestado en 2009 tras las protestas por la reelección de Mahmud Ahmadineyad y condenado entonces por cargos relacionados con la seguridad del Estado y la difusión de propaganda.
Estos arrestos se producen en un clima de extrema tensión política. Las protestas iniciadas el 28 de diciembre de 2025, originadas por el colapso económico y la fuerte depreciación del rial, evolucionaron a un levantamiento antigubernamental de gran escala. La represión dejó miles de muertos, con estimaciones que superan los 6.000 fallecidos.
El Frente Reformista intentó en enero emitir un comunicado que exigía la renuncia del líder supremo Ali Khamenei y la creación de un “consejo de transición”, según Iran International, pero retiró el texto ante las advertencias de detenciones masivas por parte de las fuerzas de seguridad. La estrategia represiva ha incluido arrestos masivos —más de 40.000 según grupos de derechos humanos— y procesos acelerados, con ejecuciones ya aplicadas en algunos casos bajo cargos como moharebeh (“guerra contra Dios”). El movimiento reformista, activo desde la elección de Mohammad Jatamí en 1997, afronta una crisis de legitimidad tras las matanzas; líderes bajo arresto domiciliario desde 2009, como Mir Hosein Musaví y Mehdi Karubí, han condenado las muertes y exigido que las fuerzas de seguridad se retiren para permitir una transición democrática.
